La Corte Suprema aprobó el desafuero del senador UDI, Iván Moreira, en el marco del caso Penta.

El legislador es investigado por delitos tributarios e infracción a la ley de donaciones por un monto cercano a los $38.888.890 en nueve boletas emitidas por personas ligadas a su campaña senatorial.

En este contexto, luego de que la Corte de Apelaciones ratificara el desafuero contra el senador el pasado 24 de mayo, era el máximo tribunal quien debía definir el futuro político de Moreira. De esta manera, el Ministerio Público estaría en condiciones de acusar al senador y solicitar medidas cautelares.

ALEGATOS

Durante los alegatos, la defensa del parlamentario encabezada por Gabriel Zaliasnik, acusó una "criminalización" de la política y al Ministerio Público de utilizar el delito tributario "como arma" para investigar el financiamiento de campañas.

"El caso del senador Moreira por cierto es un caso de financiamiento de la política, pero también es un caso de criminalización de la política, en el cual un viejo vino se presenta en un nuevo envase", señaló el abogado.

"El delito tributario pasó a ser el arma, el instrumento del que se vale el Ministerio Público para perseguir el financiamiento ilegal de la política, ante la ausencia de tipos penales específicos que contemplaran esta situación", acotó.

Asimismo, la defensa del senador indicó que -según dijo la Fiscalía- "las boletas en su totalidad corresponden a personas que trabajaban en su campaña electoral en 2013. En su propio relato el Ministerio Público excluye cualquier propósito defraudatorio".

"No existe mérito para proceder con el desafuero. La Interpretación que se hace es ampliamente desacertada (...) Existe una falta de propósito delectivo porque si hubiera sido defraudar delictivamente debería haber habido una periodicidad en el tiempo.", concluyó Zaliasnik.

Por su parte, el fiscal Pablo Norambuena, indicó que en las indagaciones "se pudo establecer que existían boletas y facturas para pagar bonos y remuneraciones de los ejecutivos de Penta que facilitaban boletas falsas, por lo tanto se descarta la arbitrariedad que el defensor nos imputa".

Por otro lado, el persecutor sostuvo que Moreira "reconoce que los servicios no fueron prestados a Penta y que pidió estas boletas a los emisores. Y reconoce que Hugo Bravo 'me dijo que la única forma de ayudarme en mis gastos electorales era que le enviara las boletas'. O sea que reconoce que fue Hugo Bravo quien le indicó las empresas a quien emitir las boletas, los montos y las glosas, sabiendo él que esas glosas eran falsas".

"Lo que importa es que Iván Moreira colocó en posición a Penta y él tenía conciencia de que esas boletas eran ideológicamente falsas", finalizó Norambuena.