El proyecto de Educación Superior que ingresará en los próximos meses al Congreso, incluye la fórmula para llegar a la gratuidad del 70% más vulnerable de los alumnos. Según ha trascendido, el cálculo para fijar el costo de arancel se haría en base a una universidad promedio o modelo.
Con ese supuesto, Acción Educar analizó a cuántas universidades del Cruch les alcanzarían los recursos para cubrir los gastos por alumno, simulación que arrojó que, de las 25 instituciones del Cruch, siete no podrían cubrir sus gastos: Antofagasta, La Frontera, La Serena, Talca, Católica de Valparaíso, Austral de Chile y Católica del Norte (ver infografía)
El director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa, explicó que "la fórmula a través de la cual se implementaría la gratuidad pasa por financiar directamente a las instituciones y no a los alumnos". Los montos, dijo, se fijarían según los costos en docencia de una universidad modelo.
Para definir lo que cada institución recibiría, se calcularían los valores de impartir docencia y se tomarían en consideración elementos como la vulnerabilidad de los estudiantes, la localización del plantel y la calidad medida en años de acreditación.
Según Acción Educar, este sistema "tiene una serie de impactos que llevan a que las universidades se tengan que parecer unas a otras, porque reciben recursos de acuerdo a la fórmula y eso hace que algunas queden desfinanciadas en relación a lo que hoy día necesitan para cubrir sus gastos". Figueroa agregó que "la alternativa que tienen es adecuar su proyecto a lo que la universidad modelo les permite financiar y eso generaría una baja en la calidad del sistema".
El rector de la U. Católica del Maule, Diego Durán, opinó que el arancel de gratuidad debería tener como proyección el gasto, más un porcentaje relevante para inversión y desarrollo. "Utilizar un modelo lleva implícita una acción de homogenización del sistema. Los proyectos son diversos y eso es una riqueza. Ahora bien, utilizar variables acordadas que den cuenta de la diversidad, es un mecanismo que estamos dispuestos a evaluar positivamente, siempre y cuando permitan que las organizaciones puedan responder a sus proyectos educativos. Desde este punto de vista un modelo único (como fórmula para determinar el valor) sería negativo", explicó.
En tanto que el rector de la U. de Los Lagos, Oscar Garrido, señaló que ese mecanismo requeriría una metodología rigurosa "que considere sendas variables y cuyo fin sea establecer ciertos estándares básicos de calidad: mínimo de profesores jornada completa, recursos tecnológicos, infraestructura, inversión en bibliografía, por ejemplo". Garrido agregó que "el peligro que ello revierte es 'estandarizar' una universidad sin considerar particularidades propias de instituciones que acogen en sus aulas a una población con ciertos rasgos socioeconómicos y culturales". Esta situación, enfatizó, "cobra especial énfasis en universidades regionales que atienden estudiantes con un alto grado de vulnerabilidad. El diseño de la política debe considerar las intricadas asimetrías existentes entre instituciones y la diversidad de los proyectos educativos con énfasis en el desarrollo de los territorios a los que sirven".