Señor director:

De US$2.500 millones aportados anualmente por el Estado a las instituciones de educación superior (IES), apenas un 35% va destinado al financiamiento de entidades estatales, y esos recursos quedan bajo el saludable escrutinio del Contralor . El 65% restante es recibido por instituciones privadas. De hecho, producto de la implementación de la gratuidad, la universidad que este año más recursos recibió por aquel concepto fue una privada creada post 1981.

El Contralor General ha señalado su desacuerdo con que estos recursos sean entregados sin que opere control alguno, como una especie de "cheque en blanco". De allí que sus palabras recogidas por La Tercera en su edición del viernes, deban ser tomadas en cuenta por el sistema universitario en su conjunto, por el gobierno y por los legisladores.

A juicio del Contralor, allí donde exista financiamiento con recursos públicos debe existir rendición de cuentas y escrutinio por parte de la Contraloría, independiente del carácter jurídico de las IES que lo reciban. Por eso su opinión con respecto a que la reforma, lejos de establecer controles del uso de los recursos públicos, los quita, debe ser asumida e incorporado en la indicación sustitutiva que presentaría el Ejecutivo.

Tanto el Sistema de Compras Públicas como las normas sobre Transparencia deben ser revisadas para extenderse a toda institución que reciba recursos públicos. Así, no sólo se daría un trato más justo a las universidades del Estado, sino que además sería una beneficiosa medida para prevenir y sancionar a toda entidad que ha terminado beneficiándose del lucro, aún cuando nuestra legislación lo prohíbe expresamente a las universidades.

Tito Flores Cáceres

Director Ejecutivo

Natalia Vargas Palacios

Coordinadora Técnica Observatorio de Educación Superior (OBESUP) de las Universidades del Estado