La licitación y posterior contrato por $ 626 millones que suscribió el Ministerio de Obras Públicas (MOP) con la empresa Cygsa-DDQ, en diciembre de 2007, para diseñar el Puente Cau Cau y sus accesos, en Valdivia, se ha convertido en el foco de la investigación por presunto fraude al Fisco. Este caso es indagado por el fiscal de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, quien hoy encabezó diligencias en las obras de la estructura.
Esta arista partió luego de los cuestionamientos al diseño, que fueron efectuados por el diputado Bernardo Berger (RN), ya que meses antes de adjudicarse este proyecto, Cygsa fue condenada en el caso MOP-Gate a pagar al Fisco $ 40 millones.
Morales aseguró que "hemos podido pesquisar las versiones del Ministerio de Obras Públicas, ex funcionarios de la cartera, de la empresa constructora y de la firma de asesoría a la inspección fiscal (AIF), respecto de su versión del diseño, sobre los errores y de por qué el puente está en estas condiciones. Esta es una investigación en un espacio de tiempo que varía entre los años 2007 y 2015, donde la fiscalía está por descubrir todo lo que ha pasado en este período".
La inspección en la faena, que está paralizada desde febrero de 2015, se extendió por siete horas y en ella participaron peritos de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, así como Juan Mancilla, primer inspector fiscal de la obra y ahora director regional de Vialidad; Walter Wilson, ex inspector fiscal y quien fue despedido hace unos meses del MOP; Juan Lacassie, gerente general de Azvi en Chile; Alejandro Orozco, gerente de la misma constructora; José Montero, gerente de la empresa Azvi, España, y los profesionales de la asesoría del inspector fiscal Zañartu Ingenieros, José San Juan y Carlos Romero.
Trascendió que el persecutor recorrió, junto a los presentes, todas las instalaciones del puente, tales como tableros, las salas de máquinas y los sistemas oleohidráulicos que permiten izar los brazos, cotejando las declaraciones de ambos lados.
El trabajo en terreno se extendió hasta pasadas las 15 horas y, tras salir de las obras, Mario Vargas, abogado del ex inspector fiscal Walter Wilson, aseguró que "la conclusión a la que se llega el día de hoy es rotunda, aquí hay un gran responsable que es la empresa de ingeniería Cygsa-DDQ que diseñó el puente. Los otros responsables son las autoridades políticas del MOP, que tomaron decisiones erradas tras la primera falla del puente, donde desvincularon a empresas y despidieron gente sin ninguna capacidad de análisis".
El abogado de la empresa constructora Azvi, Luis Hermosilla, aseguró que en el contraste de las versiones "nos enteramos de que el MOP, para efectos de construir el puente donde la mecánica y el movimiento era esencial, no tiene expertos ingenieros mecánicos y eso lo escuchamos de los propios funcionarios de la cartera". Añadió que, a su juicio, lo más grave "es el intento del ministro (Alberto) Undurraga de proceder a la demolición del puente. La solución es resolver el problema de levante de la obra que está acotado. Un puente nuevo son alrededor de $ 35 mil millones y la solución al sistema de levante sería de $ 3 mil millones de pesos".
Para el reelecto alcalde de Valdivia, Omar Sabat, quien estuvo en la diligencia, "lo curioso es que aparecen nombres de personas que trabajaron en el diseño y después aparecen contratadas por el propio MOP".
Por parte de la cartera de Obras Públicas asistió su fiscal nacional interno, Alvaro Villanueva, quien señaló que "existe la voluntad de nuestro ministerio de ayudar a que se esclarezcan las distintas responsabilidades (…). No nos corresponde opinar respecto de estas diligencias en particular".