Una serie de diligencias ordenó la fiscal de la Unidad de Alta Complejidad Centro Norte, Macarena Cañas, en el marco de la investigación que lleva adelante por presuntas irregularidades en el Servicio Médico Legal (SML).
El caso estalló luego de que el presidente de la asociación de funcionarios del servicio, José Morales, denunció ante la Contraloría y el Ministerio de Justicia la adquisición de maquinaria que no se habría usado, el supuesto pago de un bono a los profesionales de la entidad, la emisión de 15 certificados de autopsias discordantes y eventuales malos controles en los horarios del personal.
De las cuatro aristas, las que más llamaron la atención de los investigadores fueron las relacionadas con el pago del bono, conocido en el SML como "el gesto", y la emisión de los certificados de defunción. Para ir destrabando cada uno de estos puntos es que la fiscal Cañas ya ha interrogado a varios funcionarios, incluidos médicos, un químico y el propio José Morales, según aseguraron fuentes vinculadas al caso.
Las mismas fuentes consultadas indicaron que la fiscalía investiga dos posibles ilícitos: malversación de fondos públicos (por el pago del bono y emisión de posibles facturas falsas) y obstrucción a la investigación, por la entrega de certificados de autopsias supuestamente adulterados.
La persecutora del caso solicitó diversas diligencias y peritajes a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, para que analizaran la información de las autopsias y los certificados, como también de las facturas.
En el Ministerio de Justicia también se encuentran al tanto de la denuncia de los funcionarios del servicio, pues el propio presidente de los funcionarios hizo llegar la información a la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, quien había ordenado revisar los hechos.