"Junto con condenar nuevamente este crimen, reiteramos el llamado a todos los actores a actuar con seriedad y responsabilidad para no prejuzgar y esperar siempre el resultado de las investigaciones que lleva adelante la fiscalía, tal cual ha sido la conducta permanente del Gobierno", dijo ayer el vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde.

De esta forma La Moneda reaccionó a la demanda por daño moral que interpondrá hoy en contra del Estado la familia de Sergio Landskron Silva, el joven de 29 años que falleció luego de que le explotara una bomba en el Barrio Yungay el pasado 25 de septiembre.

Entre los antecedentes que fundamentan la acción judicial, que fue divulgada ayer en Reportajes, figuran el eventual trato ofensivo que, según los familiares del joven, habrían tenido las autoridades durante las horas posteriores al atentado, cuando aún no se aclaraba el rol que había jugado Landskron.

Desde la Subsecretaría de Interior negaron ayer estas acusaciones. Asimismo, descartaron que alguna autoridad de gobierno hubiese hecho algún comentario o acto discriminatorio en contra de Landskron durante el mes que tardó la fiscalía en declarar que se trataba en realidad de una víctima. Aunque reconocen el derecho de los familiares de Landskron a recurrir a tribunales, insistieron en que se trata de una acusación inválida.

LA DEMANDA

El documento también alude a lo que califican de "tardía" reacción de Carabineros para prestar auxilio al joven. Incluso, reclaman los familiares, habrían bloqueado la ayuda que algunos vecinos y transeúntes pretendían prestarle a Landskron, lo que habría ocasionado que las quemaduras fueran de mayor gravedad. A eso se suma, añade la demanda, el actuar irregular de parte de funcionarios del Samu, los cuales, según la familia, habrían atendido a Landskron bajo el prejuicio de que se encontraban frente al autor de la bomba.

Para el abogado de la familia, Luis Vergara, el tratamiento que brindaron los paramédicos fue "una autopsia en vida", ya que no se le suministró ningún tipo de calmante, pese a que el joven, agónico, manifestaba problemas para respirar. Tampoco le habrían hecho un torniquete en la extremidad amputada por la explosión y evitar así una hemorragia. Todo esto, señala el profesional, es posible apreciar en uno de los videos que fue grabado por los propios paramédicos esa noche.

"Si la familia tiene una duda cierta o real de lo que ocurrió y estima que efectivamente las autoridades llamadas a prestarle auxilio en su minuto -sea de salud o de las policías-, no actuaron conforme a lo que se establece, es importante que ellos recurran a los tribunales para que sea el poder judicial el que efectivamente dirima si fue así o no, o si los procedimientos que hizo el Samu o Carabineros se ajustaron a los que habitualmente se realizan", dijo el senador Pedro Araya, miembro de la comisión de Seguridad.

El diputado DC, Matías Walker, concordó con el senador y agregó que "esto es una lección para todos, acá no hay que prejuzgar mientras no se terminen las investigaciones del caso".