Al menos 21 niñas murieron el miércoles en un incendio en un albergue para menores en riesgo en Guatemala, que según la policía fue provocado por algunos internos después de que en la víspera decenas de adolescentes se amotinaron para tratar de escapar del saturado centro estatal.

Entre gritos y llantos por la angustia, decenas de familiares clamaban información sobre sus hijos a las puertas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción en San José Pinula, unos 25 kilómetros al sureste de Ciudad de Guatemala.

El jefe de la policía local, Nery Ramos, confirmó a periodistas que al menos 19 menores fallecieron. Hospitales locales reportaron al menos 40 heridos de diversa consideración.

Las autoridades dijeron que el fuego comenzó porque un grupo de internos, disconformes por haber sido aislados por los responsables del centro, prendió fuego a unas colchonetas.

"Es sumamente grave lo que ha ocurrido y más grave aún por el hecho de que pudo haberse evitado", dijo Anabella Morfín, procuradora general de la nación, en una conferencia de prensa.

La noche anterior, decenas de menores trataron de escapar por las "malas condiciones y maltrato" tras una revuelta interna, que dejó destrozos y a una menor con lesiones. La policía dijo que logró devolver al centro a 54 de ellos, pero todavía no está claro si ambos eventos están relacionados.

En el momento de la tragedia, unos 580 menores de 18 años - con historiales que van desde el maltrato familiar, la explotación sexual y la discapacidad a delitos de hurto, agresiones y adicción- residían en el centro que depende de la Secretaría de Bienestar Social.

El año pasado, el hogar llegó a superar los 700 internados, dijeron las autoridades nacionales. Guatemala tiene la tasa más alta de desnutrición infantil de América Latina y los niños son frecuentes víctimas de explotación sexual, trabajos forzados e incluso son reclutados por grupos criminales.

El Gobierno decretó tres días de luto nacional y la Fiscalía abrió una investigación para dirimir posibles responsabilidades en la tragedia y analizar las denuncias de abusos a los jóvenes.

Fuera del recinto decenas de policías impedían el acceso a las familias, que increpaban a las autoridades pidiendo información y denunciando ante los periodistas supuestos abusos y maltratos en el centro, donde los menores ingresan tanto por orden judicial como por petición de sus tutores.

"Todavía no tengo información de mi hijo. Dicen que ya van a entregar a los niños pero no nos dicen nada", dijo con voz quebrada Alicia López, una trabajadora doméstica de 50 años que tiene un hijo de 12 internado en el centro.

"Quiero justicia porque a él lo violaron (...) y vino por drogadicción, porque me golpeó y porque tiene autismo", agregó entre sollozos.

Las autoridades decidieron sacar del centro a los menores discapacitados y buscarán separar a los que tienen antecedentes penales de los que son internados por ser víctimas de abusos.

"No es justo, no es posible, que niñas que sencillamente adolecen de una familia, que no tienen problemas con la ley, estén mezcladas con jóvenes que cometen hechos vandálicos", dijo Heinz Heimann, portavoz de la presidencia, en rueda de prensa. (Escrito por Enrique Andrés Pretel y Lizbeth Díaz.