LAS DECISIONES adoptadas en los últimos días por el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para hacer frente al complejo cuadro económico que atraviesa el país y que irónicamente ha sido causado por el propio gobierno -producto de medidas que van desde el control cambiario, la limitación de importaciones hasta la fijación de precios-, han llevado a que se agudice la inestabilidad interna de esa nación.
Acusando una supuesta "guerra económica", que según el gobierno es liderada por la oposición venezolana y por Estados Unidos, el sucesor de Hugo Chávez ordenó a los militares la ocupación de las tiendas de una cadena de electrodomésticos y el arresto de cinco gerentes del retail, acusados de realizar aumentos desmedidos e injustificados de precios. Detrás de esto parece haber un intento desesperado por controlar la inflación, que en los últimos 12 meses acumula un alza de 54%, lo cual es resultado de la fijación de precios y otras medidas contrarias al mercado. Lejos de resolver eso, el Presidente Maduro busca corregir esta situación con acciones que lindan en la ridiculez, como pretender fijar el límite de ganancias de las empresas o tolerar saqueos de tiendas.
Así, el régimen bolivariano ha intensificado su ofensiva por avanzar hacia una cada vez mayor intervención del Estado en los distintos sectores productivos y también en los medios de comunicación, afectando derechos fundamentales de los venezolanos y restringiendo sus libertades. No obstante, resulta contradictorio que el gobierno de Maduro pretenda estimular la economía asfixiando la iniciativa privada e intentando mantener un férreo control de precios, pues ello sólo profundizará el estado actual de la crisis.
El mandatario continúa empeñado en acrecentar el intervencionismo estatal y tendrá el camino despejado para hacerlo si es que la Asamblea Nacional aprueba -como lamentablemente se espera- la ley habilitante que lo autorizará a gobernar por decreto y sin control del Congreso durante un año.