El miércoles 4 de marzo a las 9.00 serán formalizados los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín y cinco altos ejecutivos del grupo (ver imagen). A ellos se suman una ex autoridad del gobierno de Sebastián Piñera, el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, además de dos fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Se trata de la primera audiencia clave del caso Penta, una de las investigaciones más complejas debido a las personas presuntamente involucradas y los ilícitos por los que son investigados: delitos tributarios por pagos de boletas de honorarios y facturas por servicios que nunca se realizaron, lavado de activos, soborno y cohecho.

Será la máxima autoridad del Ministerio Público, Sabas Chahuán, junto a los fiscales Pablo Normabuena, Carlos Gajardo y Emiliano Arias, quienes en una sala de doble altura en el Centro de Justicia leerán las imputaciones ante un magistrado del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. Luego, Chahuán deberá solicitar al juez las medidas cautelares para cada uno de los imputados, pudiéndose decretar la prisión preventiva, el arresto domiciliario o la firma mensual.

Ese es uno de los puntos que, según fuentes cercanas al caso, habría sido tratado últimamente por el abogado de los dueños del holding, Julián López, con el fiscal Carlos Gajardo. Las conversaciones entre ambos habrían comenzado luego de que los dueños de Penta se comprometieran a colaborar con la investigación y declararan el 5 y 6 de enero pasado. A cambio la fiscalía podría no solicitar la prisión preventiva contra Délano y Lavín, requiriendo solo el arresto domiciliario.

En sus declaraciones dieron cuenta de las solicitudes de aportes que realizaron políticos de la Alianza, entre otros antecedentes. También se mencionó la existencia de algunos forwards y contribuyó la decisión de los afectados de pagar a Tesorería todos los impuestos adeudados.

Aunque fuentes cercanas al Ministerio Público sostienen que el avance en las tratativas había perdido fuerza luego de que el fiscal conociera nuevos antecedentes de hechos que podían configurar delitos, aparte de los que habían declarado los dueños del holding, el acuerdo en torno a las medidas cautelares habría sido confirmado a las partes el viernes 20 por el propio Gajardo. Incluso el fiscal había planteado su intención a los representantes del Consejo de Defensa del Estado, también parte en el litigio.  

Sin embargo, los cambios al interior del Ministerio Público agregaron una cuota de incertidumbre al acuerdo. Primero, porque el fiscal regional Oriente, Alberto Ayala, que había reasumido el 18 de febrero el control total del caso Penta en una difícil situación, no se mostró proclive y, por la llegada del fiscal nacional, Sabas Chahuán, porque aún no se conocería su posición final al respecto.

En todo caso, fuentes cercanas al proceso, dicen que la decisión de Gajardo de solicitar sólo el arresto domiciliario no se sustentaría exclusivamente en la disposición a colaborar de los imputados Delano y Lavín, sino en el convencimiento, tras toda la investigación, de que se trataría de la medida precautoria que corresponde, tanto por la pena a la cual se exponen (máximo 5 años por el delito de fraude tributario y soborno en su grado menor), como por la inexistencia de riesgo de fuga y los atenuantes de los involucrados.

Fuentes cercanas a los dueños del Holding coinciden en lo anterior. Explican que los delitos imputados, en caso de que haya una condena, no tienen una pena alta, por lo que es posible un juicio abreviado (ver secundaria). Añaden que entre las atenuantes se debería tomar en cuenta que repararon el mal causado, devolviendo parte del dinero por concepto de impuestos, multas, intereses y reajustes ($ 1.191 millones entregaron en diciembre pasado y este viernes devolvieron $ 4.900 millones más). A esto, dijeron las mismas fuentes, se suma el hecho de que no existiría el riesgo de peligro de fuga (incluso el propio Gajardo habría sido informado, sin manifestar oposición, de un reciente viaje de Carlos Eugenio Lavín fuera del territorio chileno) y que ambos tienen irreprochable conducta anterior.

ASUME CHAHUÁN

La decisión del fiscal nacional, Sabas Chahuán, de encabezar directamente la investigación de los casos Penta y SQM, dejó a los conocedores de este acuerdo por medidas cautelares en compás de espera. Como es sabido, Chahuán anunció por medio de una conferencia de prensa que se haría cargo de la totalidad de la causa, con un equipo de apoyo de tres fiscales: Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias.

"La trascendencia de los hechos investigados, la investidura de las personas presuntamente involucradas, hacen necesario dar un paso más allá para garantizar la persecución penal con absoluta independencia y autonomía. He resuelto asumir la dirección de la investigación", dijo Chahuán el martes. Según las mismas fuentes, en una reunión de coordinación del nuevo equipo realizada el jueves en la Fiscalía Nacional, Chahuán habría señalado que evaluaría si pediría o no la prisión preventiva.

Para mañana esta previsto que la defensa de los controladores del grupo se reúna con el jefe del Ministerio Público.

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