LA DECLARACIÓN judicial del ex general Flavio Echeverría -ex jefe de la dirección de Finanzas de Carabineros, y quien fue removido del cargo tras conocerse el millonario desfalco que quedó al descubierto en la institución- reveló una serie de antecedentes que, de comprobarse efectivos, podrían dar un giro radical al caso, pues sugieren que la red de corrupción estaba muy extendida dentro de la institución, tocando incluso a funcionarios del alto mando. El revuelo que han provocado estas declaraciones -dadas a conocer por este medio- es plenamente justificado, lo que obliga a redoblar los esfuerzos que la Fiscalía, la propia institución policial y la Cámara de Diputados realizan para esclarecer las responsabilidades y alcances de este escándalo.
De acuerdo con el testimonio entregado por el exfuncionario policial, reconoció que "pagaron mi silencio", aludiendo a que desde que fue "invitado" a participar en este "núcleo cerrado de personas" dentro de la institución, recibió más de $ 400 millones para mantener la complicidad con el fraude; asimismo, detalló una serie de altos funcionarios que participaban de esta red, insinuó que el actual director general de Carabineros estaba al tanto de que existía este desfalco en la institución -algo que él ha negado reiteradamente-, y aportó nuevos antecedentes respecto del uso de gastos reservados de la institución -materia que abrió una nueva carpeta de investigación por parte de la Fiscalía-, donde detalló el amplio número de personas que recibían estas asignaciones, incluidos ex directores generales de la institución -a algunos de los cuales se les habrían pagado gastos personales-, exsubsecretarios de Carabineros e incluso un exfuncionario de la Dipres.
Conforme avanza la investigación de la Fiscalía, se han ido acumulando antecedentes que empiezan a configurar un desfalco a gran escala -los montos defraudados se acercan a los $ 20 mil millones-, por lo que resulta sorprendente que no haya podido ser detectado por los controles internos de Carabineros, y solo haya sido posible encender la alerta por sospechas que se levantaron en la Unidad de Análisis Financiero, a raíz de montos inusuales en la cuenta corriente de un capitán de Carabineros con base en Punta Arenas.
Ante estas revelaciones, la ciudadanía espera total transparencia, y celeridad en las investigaciones, para que cuanto antes se despejen las graves acusaciones que tocan a altos funcionarios de Carabineros, como también a personas ajenas a la institución, donde podrían pesar razones de índole política. Si bien una situación como la que está quedando al descubierto puede resultar desesperanzadora, es un hecho positivo que la institucionalidad esté dando una respuesta activa, y los espacios de impunidad se vayan acotando.
De este episodio se extraerán valiosas lecciones que derivarán en mayores controles no solo de los gastos reservados -una materia que dentro del sector público ha sido objeto de constante controversia, a raíz de la excesiva discrecionalidad con la que se manejan dichos fondos-, sino también en una mejor fiscalización de procesos internos. Parece altamente probable que, una vez despejadas las aristas judiciales, Carabineros deba ser objeto de profundas reestructuraciones, para dar certezas de que la fe pública ha sido plenamente restituida; de allí la importancia de que La Moneda actúe con cautela y no se precipite en brindar respaldos de los que luego podría tener que desdecirse.