La situación revelada el miércoles por un reportaje de Ciper Chile, donde se expone que hay hospitales que están licitando un equipo que sólo provee la empresa Hospitalia, de propiedad del cuñado de la ministra de Salud Carmen Castillo y especialista en equipos de simulación clínica, abrió el debate sobre las relaciones de parentesco entre un vendedor y un comprador y eventuales influencias al momento de adjudicar una licitación.
Si bien la relación de parentesco no configuraría un ilícito, ya que las compras se realizan de forma descentralizada mediante los servicios de salud, existen dudas por el proceso de adjudicación de una en particular. Se trata de una compra que hizo el Hospital de Urgencia Asistencia Pública (HUAP), ex Posta Central, que firmó un contrato por $ 174,9 millones con dicha empresa el 22 de octubre de 2015.
La investigación expone que en esa licitación de equipos de simulación clínica de alta fidelidad, insumos que son parte del programa de formación de especialistas del actual gobierno, las especificaciones técnicas apuntan al producto que sólo ofrece la empresa ligada a la hermana de Castillo.
La ministra de Salud, mediante un comunicado, "enfáticamente niega que durante el ejercicio de su cargo actual, o en otros anteriores, haya influido sobre decisiones de compra que beneficien a cualquier empresa proveedora", indicó.
Una vez que Castillo asumió su cargo, la empresa realizó una declaración jurada a Chile Proveedores "expresando la existencia de eventuales conflictos de interés en razón del parentesco de sus socios con la Secretaria de Estado", agrega el comunicado.
La empresa, en tanto, descartó que la hermana de la ministra trabaje en la misma, e indicó que sus 24 años de experiencia y liderazgo en el mercado en simulación clínica a nivel nacional, le permitieron participar de la licitación del HUAP.
Agregaron que "como Hospitalia nos distinguimos por trabajar bajo un estricto código de ética y contamos con los más altos estándares de calidad, por lo que tenemos la certeza que no hemos cometido ninguna irregularidad en nuestros procesos".
Sin embargo, la situación abre el debate respecto a las interpretaciones que puede generar una situación como la descrita. Matías Goyenechea, director de la Fundación Creando Salud, indicó que "si se están entregando servicios que no son falsos, como facturas falsas por ejemplo, está dentro de los marcos de la legalidad. Básicamente, a veces pueden haber vinculaciones con familiares, pero eso no necesariamente implica que haya un delito, sobre todo cuando hay prestaciones y servicios que se están entregando que son reales. Cuando hablamos de cosas que son falsas es un delito, pero en este caso no veo que se configure algo así".
Goyenechea agregó que "también desde el punto de vista ético, hay que mirar el servicio que se entrega más que si hay o no, algún tipo de incompatibilidad. Si se presenta algún elemento defectuoso, ameritaría hacer algún tipo de investigación, pero si no, esto incluso se puede entender como acusaciones con malas intenciones", dijo.
Por su parte, el director de Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, Héctor Sánchez, explicó que la reforma de 2005 estableció que había que separar funciones entre el Ministerio de Salud y la red de servicios, de tal manera que la cartera se dedicara a políticas de salud. Una situación que en la práctica no sucede, ya que el Minsal dirige la gestión de los servicios, según Sánchez. "En lo personal estimo que la ministra es absolutamente correcta, no tengo dudas al respecto, pero esta situación al no cumplirse la separación de funciones, producen estos malos entendidos y malas interpretaciones que son lamentables".
Mientras que el ex subsecretario de Redes Asistenciales y decano de la Facultad de Medicina de la U. San Sebastián, Luis Castillo, indicó que "al haber relaciones de parentesco, siempre y cuando haya una licitación clara, transparente con condiciones iguales, no le veo mayor problema", aunque reconoce que "estéticamente se ve mal".