Miles de trabajadores estatales se movilizaron ayer por las calles de Buenos Aires para protestar por una reciente ola de despidos que el gobierno está impulsando como parte de una serie de reformas para bajar el déficit fiscal y atraer inversiones.
Según datos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), desde diciembre unos 1.200 empleados de la administración federal perdieron su trabajo, a los que se suman otros 1.400 en municipios de la provincia de Buenos Aires, la más poblada de la tercera economía de América Latina.
Organismos financieros internacionales alaban las reformas liberales que ha llevado adelante el Presidente Mauricio Macri desde que asumió el poder a finales de 2015, pero afirman que aún se necesitan más cambios para que el país sudamericano se convierta en un destino atractivo para las inversiones.
El gobierno pretende discutir en febrero en el Parlamento una resistida reforma del sistema laboral argentino, una iniciativa que apunta a bajar los altos costos del país y que es considerada clave por los inversionistas.
Dicha reforma fue postergada a fines de 2017 tras los violentos disturbios ocurridos frente al Congreso durante la votación de la reforma previsional.
Para lograr impulsar la medida, el gobierno de Macri espera lograr los apoyos necesarios del sector peronista y de la Confederación General del Trabajo (CGT), con el fin de reducir el déficit fiscal primario a un 3,2% del PIB este año.