El Capítulo Chileno del Ombudsman y la organización Amnistía Internacional solicitaron al gobierno de Michelle Bachelet que asigne nuevamente "suma  urgencia" al proyecto de ley que crea la Defensoría de las Personas.

La iniciativa descansa en la comisión de Constitución del Senado, luego de ser aprobada con una alta votación en marzo, por la Cámara de Diputados.

Ambas organizaciones manifestaron su "preocupación por el futuro de una institucionalidad sólida de protección y promoción de los Derechos Humanos".

Advirtieron que "si no se avanza en establecer la Defensoría de las Personas, Chile está en riesgo de perder una institución defensora de los derechos ciudadanos -cotidianamente vulnerados-, prestigiada y reconocida internacionalmente, dejando sin cumplimiento reiteradas recomendaciones al Estado".

"Chile seguiría siendo uno de los pocos países iberoamericanos que no cuentan con la figura defensorial",  añadieron.

Finalmente, rechazaron las versiones que aseguran que la creación de un Instituto de Derechos Humanos en Chile hace innecesaria la creación del Ombudsman.

"El Instituto se ha diseñado como un órgano mixto, vinculado a estamentos del gobierno", mientras que "la Defensoría de las Personas, es un órgano constitucional autónomo, destinado a la promoción y protección de los derechos y garantías constitucionales", concluyeron.