EN ENTREVISTA con este diario, el ministro de Educación ha señalado que debe reformarse la institucionalidad de la prueba de admisión a las universidades, con el objetivo de separar el diseño de la aplicación de la misma. La idea es positiva, pues, permitiría profesionalizar el test, abriendo la posibilidad de innovar para superar las críticas que se le han venido haciendo desde hace años al instrumento que hoy se aplica y a la entidad que la administra.
En la actualidad, el Consejo de Rectores (Cruch) administra la Prueba de Selección Universitaria (PSU) a través de un comité asesor y del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) de la Universidad de Chile. El examen, que se aplica desde 2004, ha sido desde hace años objeto de numerosos cuestionamientos, varios de los cuales fueron reiterados a comienzos de enero, en un informe presentado por la consultora internacional Pearson. El documento identificaba numerosas deficiencias en la PSU, entre ellas, el hecho de que no siempre pregunte lo que se enseña, su incapacidad para predecir el desempeño académico futuro de los alumnos, la dificultad para comparar los resultados de un año con otro y la forma en que magnifica las diferencias socioeconómicas según los tipos de establecimientos. Si a esta realidad se suman las críticas formuladas por algunas universidades ajenas al Cruch, acerca de la manera en que el Demre maneja la información que posee a la hora de dar a conocer los resultados de la PSU, resulta obvia la urgencia de realizar reformas significativas.
Ya en ocasiones anteriores el ministro de Educación se ha referido al tema, sugiriendo la posibilidad de adoptar un esquema similar al existente en Estados Unidos, donde un College Board se encarga de administrar las pruebas de admisión. Es esta una alternativa que debe ser incorporada, con el objetivo de establecer un sistema profesional que investigue y desarrolle los exámenes, evaluando constantemente los tests, creando metodologías adecuadas y ofreciendo transparencia a los postulantes a la educación superior. Poco de esto se hace hoy. Aunque el ministro ha señalado que la aplicación podría continuar en manos del Demre, los reclamos que han surgido desde varias universidades contra este organismo podrían hacer aconsejable entregar esta función a una entidad distinta o, al menos, reformular fuertemente la operación de la actual en una primera etapa. La introducción de estos cambios debe ser respaldada por las universidades, en especial si se considera que un mecanismo de selección más afinado irá en su directo beneficio.
El propósito de las reformas debe ser poner a disposición de los postulantes un instrumento que permita predecir el desempeño académico de los alumnos en la educación superior y no sesgue en contra de quienes provienen de establecimientos que entregan enseñanza de peor calidad, como ocurre hoy. El desprestigio en el que ha caído la PSU pone en riesgo la confianza del público en una evaluación a la que año a año se someten cientos de miles de jóvenes (la última versión de la PSU fue rendida por 272 mil alumnos). Para recuperar dicha confianza, es necesario que el test de ingreso ponga énfasis en la evaluación de aptitudes, que los colegios de todos los niveles cuenten con los medios y las facultades para capacitar adecuadamente a sus alumnos y que éstos se esfuercen por mejorar y aprender a través del estudio y la perseverancia.