SEGÚN INFORMÓ un reportaje de este diario, las cifras entregadas por Gendarmería respondiendo a un oficio del senador Alberto Espina, a propósito de la discusión del presupuesto fiscal de 2017, indican que hay 43.866 personas privadas de libertad de las cuales un tercio corresponde a personas que se encuentran sujetas a prisión preventiva, una cifra menor a lo que ocurría antes de la reforma procesal penal, pero que tiende a ir en aumento. Sin perjuicio de que la proporción de la población penal en relación a la del país no es especialmente alta comparado con otras naciones, sí llama la atención las graves condiciones de hacinamiento de los centros penitenciarios, los problemas de rehabilitación y reinserción, y la condición de aquellos que aún no están condenados y que se encuentran privados de libertad. Todo ello deja en evidencia un grave problema de infraestructura penitenciaria, que, lo más probable es que se agudice, por una parte, por el tiempo que demanda su solución y los recursos que se deben invertir, como por el endurecimiento de penas y el aumento de quienes están sujetos a medidas procesales privativas de libertad.

A mediados de la década pasada se reconocía la necesidad urgente de enfrentar esta situación y se propuso la contribución de los privados a través de la Ley de Concesiones. El plan incluía la construcción de 10 recintos bajo este régimen con una capacidad de 1.500 internos cada uno, y una superficie total de 375.000 m2. Sin embargo, 11 años después se han construido ocho centros, quedando postergados los otros dos proyectos, Talca y Santiago II. Un situación que responde a la lógica de volver al estado constructor- que también ha afectado a otras áreas como Salud- y ha entrampado cualquier avance hacia la solución de estos problemas, como lo han expuesto en sus informes la Corte Suprema y el Instituto de Derechos Humanos que en sus informes también ha señalado que en las condiciones actuales se violan los derechos humanos de los reclusos.

Sin perjuicio de que luego del incendio en la cárcel de San Miguel los recursos han aumentado, existe un déficit que no permite adecuar debidamente los recintos ya existentes para poder cumplir eficientemente con los objetivos penitenciarios. Esta situación releva la necesidad de políticas públicas de largo plazo, con objetivos que vayan más allá de la carga ideológica del gobierno de turno, con un financiamiento y gestión adecuada, que no excluya el esfuerzo de los privados a través de sistemas concesionados, y que resuelva con tecnología los problemas al interior de los penales.

En este contexto, es que es necesario poder segregar adecuadamente por peligrosidad a los internos; hacer un trabajo efectivo de rehabilitación que permita una adecuada reinserción, y bajar las tasas de reincidencia de la población carcelaria, que son áreas en las que el sistema es deficiente. Pero así como quienes están privados de libertad por condenas ejecutadas deben poder cumplirlas en condiciones de seguridad, se hace urgente que quienes están en un recinto carcelario por una medida precautoria dictada por el tribunal para garantizar los resultados del proceso, como la prisión preventiva, no reciban un tratamiento que en la práctica signifique un anticipo de la pena.