Señor director:
Algunas universidades no desean acceder a la gratuidad. Con ello evidencian un sentido de responsabilidad, asumiendo una postura tal vez incómoda ante sus estudiantes, pero consecuente con una cuidada tradición de calidad en sus proyectos educativos.
La reforma educacional en marcha carece de compromiso con la calidad. Aunque se declare lo contrario, dicha propuesta se fundamenta en una visión ideológica en la que no tienen cabida las universidades privadas creadas a partir de 1980. Incluso, las seis universidades privadas fundadoras del sistema de educación superior (Universidades Católica de Chile y de Valparaíso, de Concepción, Federico Santa María, Austral y Católica del Norte) han presionado para convertirse en opciones válidas ante el gobierno y sus pares estatales.
Uno de los problemas más serios es la fórmula de retribución a las universidades adscritas a la gratuidad. El arancel regulado impuesto por el gobierno genera un déficit significativo en el sistema, difícil de abordar en las actuales condiciones. Más grave aún, a futuro este déficit se verá incrementado al entrar en vigencia el proyecto de ley que obliga a las instituciones a regirse por dicho arancel con la totalidad de sus estudiantes, y no solo con los pertenecientes a los primeros cinco deciles. ¿Qué ocurrirá cuando, en vigencia de la reforma, se deba retribuir al 100% de los matriculados por el arancel regulado? La cuantía de los recursos adicionales involucrados es imposible de abordar para los próximos años.
¿Cuál es la posibilidad real de cuadrar el círculo? Ninguna. Por eso resulta prudente la decisión de algunas universidades de no adscribir a la gratuidad, ya que de implementarse la reforma como está, condena al sistema a la mediocridad.
Ramón Berríos A.
Ingeniería Comercial
Universidad San Sebastián