La sala del Senado despachó este miércoles las observaciones formuladas por el Presidente Gabriel Boric al proyecto de ley que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución.

Ahora la Cámara de Diputadas deberá pronunciarse respecto a las 14 modificaciones que presentó el Ejecutivo a la iniciativa que aprobó el Congreso el 30 de agosto.

Tras la votación, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, evitó referirse al proyecto de ley que la oposición anunció que va a presentar para asegurar penas de cárcel ante cualquier usurpación.

“Se ha hablado que se va a presentar un proyecto. No lo conocemos. No tenemos, por lo tanto, posición respecto de él, pero lo que sí tenemos es que una ley que ha costado tanto tramitar, que ha sido tan debatida, debiéramos ver cómo se desarrolla su aplicación, antes de modificarla, debiéramos acumular un poco de experiencia, a ver cómo opera, porque ciertamente todas las legislaciones son perfectibles”, sostuvo.

Los senadores del Partido Comunista, Claudia Pascual y Daniel Núñez, votaron en contra de dos de las modificaciones que propuso el Ejecutivo para aumentar penas y no participaron del punto de prensa que hizo la secretaria de Estado al finalizar la sesión.

“Nosotros siempre esperamos en este caso que todos los sectores y particularmente los sectores oficialistas acompañen al gobierno en propuestas como este veto presidencial y vamos a seguir dialogando y buscando caminos para que ese acompañamiento se produzca en las próximas fases de tramitación”, contestó Tohá al ser requerida sobre ese punto.

“Ahora, lo que también debiera despejarse, a propósito de esa votación, sin perjuicio de que nosotros hubiéramos preferido que fuera favorable a todas las votaciones, es que lo que se dijo alguna vez, de que en el fondo este veto había sido digitado por el Partido Comunista, demuestra que no era así”, agregó.

Hace unas semanas, a través de una declaración pública, las bancadas parlamentarias del PC habían anunciado que rechazarán el aumento de penas que contempla la propuesta gubernamental.

“La necesidad de una familia no puede ser criminalizada”, decía la declaración de los senadores y diputados comunistas.