El 15 de junio de 2017, la Presidenta Bachelet promulgó la Ley 21.015 de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, la que establece la cuota obligatoria del 1% de contrataciones de personas con discapacidad en empresas privadas y organismos públicos.
La ley establece que dentro de los seis meses siguientes a la publicación en el Diario Oficial serían dictados los reglamentos respectivos, de modo que la ley entre en vigencia y se haga obligatoria la contratación de personas con discapacidad. A la fecha, ya llevamos más de 20 días de retraso en el plazo máximo en que debían dictarse los reglamentos, situación que afecta la puesta en marcha de la normativa.
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Como organizaciones que trabajamos por la inclusión laboral estamos expectantes y apoyamos las medidas de la Ley 21.015; además participamos activamente con propuestas al reglamento y creemos fundamental que las instituciones responsables (Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio del Trabajo y Senadis) den cuenta del resultado de este trabajo en forma oportuna dando cumplimiento a la ley. Sin el reglamento no podremos acompañar los procesos de empresas, organizaciones y personas que requieren orientación o información para facilitar la efectiva inclusión laboral.
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