Tras casi dos meses de análisis, la Contraloría General de la República (CGR) aprobó los decretos que contienen los reglamentos que aterrizan el funcionamiento de la Ley N° 21.015 sobre Inclusión Laboral para personas con discapacidad. Los dos actos administrativos fueron publicados ayer en el Diario Oficial.

La toma de razón se produjo luego que el ente de control que dirige Jorge Bermúdez formulara observaciones de legalidad a los reglamentos, las cuales debieron ser corregidas por el Ejecutivo.

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La ley de inclusión laboral promulgada en junio del año pasado establece que empresas e instituciones públicas con 100 o más trabajadores deben reservar el 1% de sus puestos de trabajo para personas en situación de discapacidad. La misma normativa estableció que para la puesta en marcha de la iniciativa era clave la publicación de los reglamentos que regulaban la inclusión en el sector privado y el público.

Debido a que se fijó que la ley comenzará a regir el primer día del mes subsiguiente a la publicación de los reglamentos en el Diario Oficial, la norma entrará en vigencia a partir del 1 de abril próximo, y será evaluada al tercer año para medir el real impacto de la cuota en el empleo para personas con discapacidad y la eventual mantención o aumento del 1%.

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Luego, será obligación permanente de los ministerios del Trabajo y de Desarrollo Social evaluar la ley cada 4 años, considerando la naturaleza cambiante del mercado laboral, y la necesidad de ir adecuando el sistema de inclusión. Ambos ministerios deberán emitir un informe al Congreso para evaluar si el porcentaje se mantiene o se eleva, o si cambia el tamaño de las empresas que deben acogerse a la norma.

La normativa suprime la discriminación salarial que existía respecto de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad mental, derogando el artículo 16 de la Ley N° 18.600 que establecía una remuneración inferior al sueldo mínimo.

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