Jorge Abbott responde a Aldo Motta por caso Cascada y pide rechazo de pruebas

ALDO MOTTA era el único formalizado por el Ministerio Público en la arista penal del caso Cascada. SEBASTIAN BROGCA / LA TERCERA
ALDO MOTTA era el único formalizado por el Ministerio Público en la arista penal del caso Cascada. SEBASTIAN BROGCA / LA TERCERA

El Fiscal Nacional se hizo parte del recurso ante la Corte Suprema, donde exigió rechazar parte de la prueba ofrecida por la defensa de Aldo Motta para anular la sentencia en su contra. A su vez, la abogada de Roberto Lobos pidió declararlo inadmisible por carecer de argumentos que lo sustenten, y formuló observaciones.


El contragolpe de Aldo Motta en la arista penal del caso Cascada generó reacciones. Lo anterior, pues el mismo día en que vencía el plazo para responder al recurso de nulidad presentado por Motta ante la Corte Suprema, el 25 de enero pasado, el Ministerio Público y los querellantes se hicieron parte.

Así, el ente persecutor, representado de forma poco habitual por el propio Fiscal Nacional, Jorge Abbott, pidió al máximo tribunal del país que el recurso sea derivado a la Corte de Apelaciones, argumentando que dicho tribunal es el que tiene la competencia para verlo. Lo mismo hizo la abogada Valentina Horvath, del estudio Soto, Horvath, Daza, Farachi y Orthusteguy, que representa a Roberto Lobos.

Por su parte, los representantes de Moneda y de AFP Habitat solo informaron que se harán parte del litigio.

Cabe recordar que el 13 de enero, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal condenó al exgerente general de las sociedades cascada, a través de las que Julio Ponce participa como el mayor accionista de SQM, a cuatro años de libertad vigilada, entre otras medidas, tras ser declarado culpable de manipulación bursátil y de abuso de posición dominante. Tras ello, sus abogados presentaron el mencionado recurso ante la Suprema, pidiendo que se deje sin efecto la sentencia.

La petición de la fiscalía

El Ministerio Público también solicitó que se rechace parte de la prueba documental que ofreció la defensa de Motta para respaldar las seis causales mediante las que buscan establecer que, supuestamente, el juicio y la sentencia infringieron la garantía del debido proceso.

Sobre la causal que cuestiona falta de detalle y precisión en la acusación contra Motta, el fiscal Abbott sostuvo que el veredicto condenatorio dictado en octubre pasado, la sentencia del mismo tribunal y una resolución del regulador en 2006 por otro caso, "resultan claramente impertinentes desde que la aludida causal se refiere a una supuesta indeterminación de la acusación y no se aprecia cómo estos documentos apuntarían a probar alguna circunstancia que la constituyan".

Respecto a la causal que acusa que la "separación ilegal" de la investigación de Motta respecto de los otros partícipes lo habría privado de tener el tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa, el persecutor exigió descartar casi todos los documentos. "Un informe en derecho, la copia de publicaciones o sentencias, evidentemente no apuntan a probar circunstancias que constituyan la causal invocada", afirmó.

La ofensiva de Lobos

La abogada Horvath, en representación de Lobos, además, pidió declarar inadmisible el recurso en relación a cuatro de las seis causales.

"El fundamento común de todas las solicitudes de inadmisibilidad de las causales en referencia radica en su falta de sustancialidad, pues en ninguno de los casos el recurrente ha precisado cual sería la específica afectación al derecho a defensa en que se funda el recurso y, mucho menos, cual sería su incidencia en lo dispositivo de la sentencia", acusó.

Al igual que el Ministerio Público, exigió rechazar como pruebas varios de los documentos ofrecidos por la defensa de Motta. Y adicionalmente realizó observaciones al recurso, entre ellas, a la causal que cuestiona que se habrían calificado erróneamente como delitos hechos "penalmente irrelevantes" para el artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores.

"Una apariencia de justificación sumada a una infracción de deberes, constitutiva de abuso, son elementos definidores del fraude en el derecho penal chileno, como lo demuestra la interpretación jurisprudencialmente más aceptada del delito descrito en el artículo 239 del Código Penal", sostuvo.

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