Chile responde al Ciadi por demanda de Alsacia y la acusa de financiar a empresas relacionadas

Imagen Alsacia 012

El Estado acusa que la operadora del Transantiago pagó entre 2006 y 2017 unos US$238 millones a empresas que controlaban en forma directa o indirecta por servicios subcontratados y que, producto de estas transacciones, la estructura de costos de Alsacia creció en forma significativa.


La disputa entre Alsacia, uno de los principales operadores del Transantiago, y el Estado de Chile sigue su curso en los tribunales internacionales y las acusaciones no se detienen. Ahora fue el turno del Estado, que el 13 de junio pasado contestó a la demanda interpuesta por la firma de los hermanos Carlos y Francisco Ríos -controladores de Alsacia y Express- ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).

El operador acusa que los nuevos contratos de concesión firmados en 2011 -es decir, durante la administración pasada de Sebastián Piñera- le ocasionó daños económicos, responsabilizando de esto al cambio en las reglas y a medidas que el Estado de Chile adoptó entonces. Ello llevó a la empresa a acudir al Ciadi, instancia que dirime conflictos entre estados y privados.

Pero el Estado de Chile tiene otra versión. En su respuesta, elaborada por el estudio Arnods&Partners -y que tiene 568 páginas-, planteó que Alsacia y Express fracasaron exclusivamente como consecuencia de sus propias deficiencias como entidades comerciales, incluyendo decisiones estratégicas que califica de "profundamente desacertadas" que serían la primera causa de que hoy el valor de la inversión de la firma sea nulo.

"Alsacia y Express fueron irresponsables en su estrategia financiera, y ahora se han ahogado en su propia deuda", sostiene el documento. "La manera en la que Alsacia y Express estructuraron financieramente su negocio ha tenido un impacto adverso decisivo en su viabilidad económica y, consecuentemente, en el valor de la inversión de los demandantes. Esa estructura financiera explica, en gran medida, porque esas empresas han fracasado en su gestión, y porqué tienen a la fecha un nivel de endeudamiento que los está ahogando", se agrega.

Para llegar a estas conclusiones, el Estado se basó en un informe pericial de Versant Partners y en otro de PwC, ambos de junio de 2018, además de otro anterior de octubre de 2017 elaborado también por PwC a solicitud del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Empresas relacionadas

También se acusa a Alsacia y Expres de haberle pagado cientos de millones de dólares a empresas propias. Así, entre 2006 y 2017 se realizaron transacciones por US$238 millones con empresas que ellas mismas controlaban directa o indirectamente, así como con firmas que les prestaban servicios y con las que una o ambas de ellas compartían al menos un director. Estas son Camden Servicios SpA, Lavabus SpA, y Recticenter SpA.

Más aún, se asegura que estas transacciones aumentaron exponencialmente, desde aproximadamente US$7 millones anuales en 2010, a US$64 millones en 2016. "El aumento en los costos de los servicios que Alsacia y Express contrataron a empresas relacionadas con los demandantes ha coincidido con una marcada disminución en el margen de Ebitda de Alsacia y Express", dice la respuesta chilena, que añade que el informe pericial de PwC explica que el principal motivo de esta disminución es que la estructura de costos creció en forma significativa, precisamente como consecuencia de las remuneraciones por servicios de mantenimiento que fueron subcontratados con dichas empresas relacionadas.

"Han construido un entramado de empresas, en Chile y en el exterior, para estructurar su inversión. Ese entramado no se limita a su participación accionaria en Alsacia y Express, pues los demandantes han constituido o tienen intereses en una serie de empresas con quienes contratan Alsacia y Express para la prestación de servicios a estas", señala el Estado.

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