David Bravo sostiene la necesidad de que el Estado establezca metas para combatir la ocupación informal

En el marco de la tercera temporada de la semana económica en Icare, el académico y economista David Bravo, en conjunto de la vicepresidente de la Confederación de Producción y Comercio, Susana Jiménez, participaron en un conversatorio acerca de la informalidad laboral. “Uno echa de menos como lo que debería ser una conducta más de Estado, cierto, de básicamente estar mirando estos problemas en todas las dimensiones posibles”, sostuvo Bravo al inicio de la charla.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística anunciado el pasado 2 de febrero, el nivel de ocupación informal llega a un 27,5%. Con esto, Bravo apunta que “la cifra correcta para que podamos trabajar, creo yo, en política, debería ser aún mayor. La informalidad, yo creo que del orden del 35%, si es que consideramos formalidad, y así lo vinculamos también con la discusión que tenemos en pensiones, con personas que no están cotizando, personas que están ocupadas y que no cotizan”.

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Tanto Bravo como Jiménez están de acuerdo con un problema que se solucionará una vez que, desde el Gobierno, se propongan metas. “Yo comparto con David que claro esto es sectorial, y al final alguien tiene que tomarlo, y yo tengo la esperanza que eso ocurra en Hacienda”, declaró Jiménez.

“Yo juntaría el tema de informalidad con el tema de las lagunas de cotización, porque por ejemplo todo el tema del no pago de cotizaciones, la fiscalización de ese tipo de cosas hoy día tampoco es muy efectiva, y en realidad uno necesita meter Impuestos Internos en esto. Entonces es mucho más fácil, si es que están en Hacienda o en alguna mesa especial digamos, porque la Dirección del Trabajo per se no tiene tampoco grandes capacidades como para poder hacerlo. Se requiere mucho más inteligencia”, señaló Bravo.

Entre los problemas para avanzar en esta materia, ambos indicaron que se debe trabajar en la creación de más empleo, pero además, en eliminar las barreras para que grupos como jóvenes, mujeres y rangos etarios mayores, puedan acceder a empleos. Lo anterior, porque son los grupos que precisamente tienen más porcentaje de ocupación informal, y además, quienes menos cotiza.

“Estudios que demuestran que una persona joven que entra al mercado formal del trabajo se mantienen más con mayor probabilidad formalizado a lo largo de su vida, hay una inercia, que es más o menos del 80% de esos jóvenes que partieron siendo formales y siguen siendo formales, pero pasa lo contrario con aquel que queda fuera del mercado formal y es informal y tiende a permanecer en esa condición a lo largo de su vida”, indicó Jiménez.

Entre las medidas que acusan no están ayudando al empleo joven, es el alza del salario mínimo. “El salario mínimo es una buena noticia, para quien quedó con empleo, y gana el salario mínimo, pero el costo de eso son muchos otros jóvenes que son los que típicamente ganan más del salario mínimo, que no no tienen la oportunidad de empleo y hay muchos que están en ese proceso”, dijo bravo, para después advertir que el problema se podría agudizar si se va en la línea que propuso la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y aumentar el salario mínimo a $630.000.

Respecto a la discusión sobre el proyecto de salas cunas, que apunta a ayudar a las madres trabajadoras, Bravo sostuvo que en la actualidad “efectivamente el costo de contratar mujeres es más alto”, ya que las empresas con 20 o más trabajadoras deben contar con salas de cuidado, lo que se traduce en un “impuesto” que recae sobre las mujeres, y por esto, como indica el economista, de debe acelerar la discusión.

Asimismo, Bravo dijo que un incentivo tiene que ser el monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU), ya que “una PGU muy alta, lleva a las personas a decir bueno, ¿para qué? Si voy a tener una pensión igual, es decir, bueno, cuál va a ser el monto que le vamos a asegurar a las personas que no puede ser muy alto a las personas que cotizan cero”. Con lo anterior, declara que “las obligaciones tienen que ser universales”, con lo que se debe asegurar no solo el derecho a recibir una pensión, sino que también la obligación de cotizar.

Dentro de las propuestas entregadas a Hacienda, en la mesa de trabajo que iniciaron desde la CPC para hablar temas de informalidad laboral, Jiménez declara que se enfocan en formalizar a los negocios, pero también a los trabajadores de esas empresas.

“Esta es una mesa que busca la formalidad laboral, pero para que haya formalidad laboral muchas veces, tú requieres formalizar a la empresa. Entonces ventanilla única para que los trámites sean rápidos. Permisos provisionales, o sea que tú puedes empezar a operar, no todos los negocios, tú requieres un permiso sanitario, por supuesto que eso tienes que esperar a tenerlo, pero otros podrías tenerlos provisionalmente y que te den el permiso permanente una vez que tú hayas acreditado que tienes a tus trabajadores con cotizaciones y formalizados”, sostuvo la vicepresidenta de la CPC.

En esa misma línea, Jiménez indicó que las propuestas “siempre es pensando en la persona, en el trabajador, en la trabajadora que forman parte de de esa empresa, o sea, hay un conjunto de medidas que justamente están apuntando hacia eso”.