Asumió el 19 de febrero el cargo de directora interina del INE en reemplazo de Guillermo Pattillo, quien salió luego de conocerse un segundo error en el cálculo del IPC. Hasta ese entonces, Sandra Quijada, se desempeñaba como subdirectora técnica del la institución estadística, puesto al cual accedió a través del proceso de Alta Dirección Pública. A poco andar de su gestión tuvo que lidiar con otra crisis: la de coronavirus, lo que llevó a cambiar los procesos de trabajo en terreno de los productos que elabora el INE, y en especial del IPC y empleo. Además, será la encargada de llevar adelante un nuevo proceso censal en 2022.

El caso de la posible manipulación del IPC cumple más de un año y todavía sigue abierto, ¿le afecta que ese caso se mantenga abierto?

-A mí no me ha llegado la resolución, y mientras no me llegue, el caso no se ha cerrado. Este es un tema que se tiene que cerrar en algún momento.

¿Le complica que se demore tanto en cerrar ese flanco?

-Cuando llegué a la dirección del INE entregué la instrucción de que ese tema se cierre lo antes posible, pero gran parte de los procesos del sumario se realizan de manera presencial y por las complicaciones de la crisis sanitaria ha sido complejo que se avance, pero no sé en qué etapa está, porque es secreto. Está pendiente cerrarlo, pero no depende de mí que eso suceda.

¿Y el segundo caso de IPC donde se ponderó mal la incidencia del producto electricidad también se mantiene abierto el sumario?

-El segundo caso está aclarado, pero también hay un sumario por responsabilidad administrativa, pero, además, la magnitud del error es menor.

En otro ámbito, ¿la situación de pandemia y crisis altera el cronograma de trabajo del censo de población y vivienda 2022?

-Se han modificado algunas actividades del 2020, principalmente en lo relacionado con la realización de los pilotos. Había uno en mayo y otro en noviembre. El de mayo estaba programado para la Región Metropolitana y se suspendió. Sin embargo, se hará de forma web para probar los sistemas en junio. Ahora, el trabajo en terreno se realizará todo en noviembre y será en La Calera.

¿Tienen fecha para la realización del precenso? ¿La pandemia podría alterar ese cronograma de trabajo?

-Lo único que cambia es la de programación de 2020. No hemos tomado ninguna determinación para 2021 y 2022, eso dependerá de cómo evolucione el escenario de pandemia y los recursos disponibles que tengamos. La fecha programada es para abril-junio de 2021. Será un censo de derecho y está todo planificado para que sea por un plazo de tres meses.

¿Se dejará establecido hacer un censo abreviado cada cinco años o se mantendrá solo la realización de uno cada 10 años?

-Por ahora no tenemos definido hacer un nuevo censo abreviado. Solo está contemplado, por ahora, el censo tradicional cada 10 años.

¿Ven una presión extra considerando que el fallido censo de 2012 se hizo bajo esta modalidad?

-Hay consenso internacional en que un proceso como este en un día es muy riesgoso. Para tomar la decisión de realizar un censo de derecho tenemos un respaldo metodológico importante, porque hemos realizado mucha investigación y una planificación que permite tener ese respaldo.

¿Se incorporarán nuevas preguntas?

-Lo que estamos haciendo ahora es la instancia de participación intercultural. Estamos creando un comité de expertos en temas de pueblos originarios de forma tal que ellos puedan participar en el cuestionario censal.

Un proceso de ajustes y adaptación de sus encuestas a la contingencia del coronavirus es lo que está haciendo el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en especial en materia de IPC y de empleo.

De acuerdo con el plan del ente estadístico, se decidió la suspensión de los trabajos en terreno de sus principales indicadores económicos y sociales, optando por expandir la utilización de mecanismos remotos o de recolección a distancia. El diseño apunta a priorizar el IPC y el empleo a través de entrevistas telefónicas y por correo electrónico, además de la recolección de precios publicados en páginas web, en el caso del primero de ellos.

También para el IPC, las recomendaciones de organismos internacionales indican que como alternativas extremas para cualquier producto en el que no se obtenga la representatividad necesaria para el cálculo, 35% en el caso chileno, se distinguirá entre la existencia o no de patrones estacionales de las series.

Cuando hay patrones estacionales, se recomienda no romperlos. Para ello, la indicación es hacer uso de la imputación por la variación oficial del producto, mismo mes, tres años anteriores y promedio del mismo mes tres años en el pasado.

Un ejemplo de aquello es el precio de los vuelos y paquetes turísticos que se recolectan con anterioridad al momento de su uso (dos meses en el caso de vuelos y paquetes turísticos internacionales). Frente a estos casos, dice el INE, “puede darse el hecho de que el precio sea observable desde la página de un operador, pero que el servicio no pueda eventualmente proveerse. Para ello se recomienda tratar estos ítems como precios faltantes e imputarlos. En este caso se encuentran: servicios de transporte aéreo, paquete turístico y servicios de alojamiento turístico”. Como alternativas extremas para cualquier producto en el que no se obtenga la representatividad necesaria para el cálculo, se distinguirá entre la existencia o no de patrones estacionales de las series. Sin patrón estacional: se recomienda arrastrar el último precio, en este caso se encuentran las entradas al cine, servicios de fiestas de cumpleaños, servicios prestados por centros recreativos, clases deportivas, entradas a espectáculos culturales, clases recreativas, gimnasios y entradas a centro de diversión nocturnos. Por último, “si bien la tasa de imputación aumenta fuertemente, esta se encuentra en el rango promedio de Ocde (30%-50%), y permite calcular un índice robusto”, menciona el INE.

En el caso de la encuesta de empleo, “se habilitará una versión web del formulario de encuesta”, precisa el INE.