El traspaso de predios forestales vive horas claves

La comisión de política forestal -una instancia creada en 2017 al alero de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi- está prácticamente detenida. Desde enero que sus integrantes no se reúnen formalmente tras el reclamo del presidente, el consejero Marcial Colín, por el freno en la compra de tierras forestales reclamadas por las comunidades mapuches. Colín acusa que el gobierno deliberadamente paralizó las adquisiciones. El director nacional de la Conadi, Ignacio Malig, afirma que están avanzando en tasaciones y negociaciones. Y las forestales confían en que, tras cuatro años de trabajo, el proceso de traspaso comience a ver frutos importantes.

Sobre el quiebre de enero de la comisión de política forestal sus protagonistas tienen distintas versiones. Colín recuerda que el oficio 978, de fines de 2018, definió una lista de 66 predios forestales reclamados por comunidades mapuches y que la Conadi se comprometió a comprarlos en un plazo de cuatro años. La reunión, dice, era para evaluar el avance de esas compras. “Él no compró ningún predio el año 2020”, acusa Colín a Malig. Frente a ese escenario, Colín señala que advirtió que convocaría a la movilización de las comunidades para un proceso de restitución territorial. “Acto seguido, les dije a la gente de las forestales que eran cómplices, porque habían guardado silencio, sabiendo que Malig estaba mintiendo, por lo tanto la comisión entraba en receso y se dio fin a la sesión”, cuenta.

El presidente de la Corporación de la Madera (Corma), Juan José Ugarte, interpretó que Colín se había retirado ese día de la mesa de política forestal dados los retrasos en las compras. Ugarte admite que efectivamente el proceso ha sido trabado, pero cree que las cosas ahora están avanzando. “Existe la posición del consejero Colín y la respetamos y la entendemos en el contexto en que se da, pero no fue seguido por otros consejeros. Ellos quieren mantener la institucionalidad de la mesa para seguir el trabajo que hasta el momento no ha entregado frutos importantes, pero creemos de verdad que estamos ad portas de lograr frutos”, dice Ugarte.

El tercer actor es Ignacio Malig, quien niega demoras injustificadas en los procesos de adquisición. Es más, afirma a Pulso que los compromisos adquiridos se han llevado adelante de acuerdo con el calendario acordado en la mesa de política forestal. “En la sesión realizada el 28 de octubre del 2020 se acordó avanzar al siguiente paso del proceso 20 B, lo que corresponde a la tasación de los predios acordados. En ese sentido los predios fueron incluidos en una licitación extraordinaria para ser tasados”, sostiene.

Actualmente, agrega, se están revisando en terreno los informes de tasaciones para, posteriormente, negociar con los propietarios, lo que fue informado, dice, el pasado 25 de enero. “La ministra Karla Rubilar pidió personalmente que los procesos se reactivaran y se comenzaran a realizar tasaciones a los predios acordados en la mesa”, destaca. Y añade que “todos los predios concordados en la mesa ya fueron tasados, cumpliendo los acuerdos alcanzados”.

El reclamo de Colín por la tardanza en las compras no es nuevo. En agosto, la comisión de política forestal, en una sesión donde estuvieron la ministra Karla Rubilar y el presidente de la CPC, Juan Sutil, discutió el asunto. Así se lee en el acta de la reunión, celebrada el 11 de agosto bajo la plataforma tecnológica Zoom. El consejero mapuche José Millalén recordó los dos años transcurridos desde el oficio 879 y concluyó que “en términos generales, no hay avances concretos”, dijo.

Otro consejero, Anselmo Nuyado, señaló que si de verdad se quiere avanzar, entre otras cosas, hay que impulsar una Ley Corta, “con el fin de que se puedan inyectar recursos para comprar todos los predios forestales que las comunidades indígenas hayan presentado a la Conadi”.

En esa reunión, Malig expuso cifras: de los 66 predios individualizados en noviembre de 2018, un total de 49 solicitudes cumplen con lo dispuesto en la glosa número 16, es decir, que las comunidades que reclaman las tierras no hayan sido beneficiadas con compras anteriores. Hay 36 de esos predios vinculados a empresas socias de Corma. Malig detalló que en 2018 y 2019 se realizaron seis compras, el 10% de las peticiones totales del oficio 879, las que beneficiaron a comunidades de La Araucanía: Lonco Mahuida Alto, Alex Lemun, Colpi Sur, Juan Marin Dos de Pantano, Madihue y Juana Carriman viuda de Pallao.

Las forestales han planteado desde hace años su disposición a vender y eso lo recordó Ugarte en la sesión de agosto. El presidente de Corma dijo que había 29 peticiones con respuesta positiva de sus dueños, 7 en análisis y 3 negativas.

Las mismas forestales han manifestado su venia expresa para las ventas. Andrés Edwards, de Bosques Cautín, del grupo Von Appen, dijo en agosto que la empresa “tiene una alta disposición a la venta de dos de sus predios y que incluso podría traspasar los precios y aceptar que se paguen en el transcurso de 2021”. El representante de Arauco, Juan Anzieta, manifestó la misma disposición a avanzar en los predios del listado del oficio 879 ligados a la forestal del grupo Angelini. En esa lista aparecen 14 predios ligados a Arauco.

En CMPC, en tanto, admiten que hay cinco predios, por unas 300 hectáreas, por los que ya recibieron las tasaciones de Conadi y que la empresa aceptó.

Dada la disposición de las empresas y los avances evidentes, el reclamo de Colín apunta a una decisión de gobierno. “Nadie se explica cómo un gobierno decide no comprar tierras y no gastar la plata. Esa es una decisión política que tomó el Presidente. Aquí no hay impedimento legal: están las comunidades con sus documentos, los acuerdos de precio, las tasaciones, todo el procedimiento hecho de manera regular y transparente. Pero el que no cumple es quien tiene la autorización legal para comprar esas tierras, que es el señor Malig. Es una decisión política antimapuche”, dispara Colín.

Luego de la sesión de agosto y con el fin de agilizar los procesos, la comisión siguió operando a través de un comité ejecutivo integrado por Marcial Colín, Ignacio Malig y Juan José Ugarte. El dirigente de las empresas afirma que se ha trabajado en un esquema que, en agosto, también pidió Rubilar: el modelo de acompañamiento forestal. “Estamos trabajando en una agenda corta de 12 predios priorizados por las comunidades y Conadi, para que se establezca un nuevo modelo de desarrollo colaborativo que busca una forma de integrar y generar desarrollo común para todos los participantes del proceso y también donde se pueda avanzar en los procesos de compra”, explica Ugarte. El empresario forestal dice que ya se hizo la licitación y las tasaciones independientes y que ahora resta que personal de la Conadi certifique en terreno los predios y avance en las negociaciones con los propietarios. “Esperamos que parte importante de esas compras se concrete este año”.

Malig afirma que espera que en abril se pueda realizar una nueva sesión de la comisión -consensuada entre las partes y convocada por Marcial Colín. “Estimamos que en abril se pueda realizar una nueva sesión donde podamos dar cuenta de los resultados de las tasaciones y eventualmente algunas negociaciones”.

El titular de Conadi espera, igual que la Corma, que los procesos lleguen pronto a buen puerto. “Sin embargo, no se puede hablar de resultados en un proceso que involucra no solo la voluntad del Ejecutivo, sino también la de los propietarios de los predios, además de lograr concordar precios razonables, de acuerdo a las tasaciones y modelos productivos según lo que quieren las comunidades”, explica. “Como gobierno aspiramos a cumplir los compromisos”, asegura.

Para este año, la Ley de Presupuestos, en el caso de Conadi, entrega $63.128 millones para el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas. “Particularmente, para la compra de tierras, la Ley de Presupuestos destina para el presente año $46.284 millones”, adelanta Malig.

Y ahí, precisamente, está el problema que gatilló todo, según Marcial Colín. “Para que exista avance, si tienen voluntad, tienen que restituir el presupuesto que el año pasado no gastaron y sumarlo al presupuesto actual y de aquí a agosto ocuparlo en compras de tierras”, dice. “Esa es una señal”, concluye.