Gobierno cede ante presiones por recambio de medidores inteligentes: ahora será voluntario

Un nuevo capítulo comenzó ayer a raíz de los polémicos medidores inteligentes. Y es que la ministra de Energía, Susana Jiménez, se trasladó al Congreso en Valparaíso junto al ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, para anunciar que el recambio de la nueva tecnología será voluntario y que enviarán una ley corta para disminuir la rentabilidad de las distribuidoras (ver nota página 4). Un giro de la autoridad que se explica por el rechazo ciudadano a los medidores, así como también a las presiones políticas de su propio bloque.

Hasta el lugar acudió la titular de Energía, pese a que se encontraba con licencia médica, quien volvió a explicar que el gobierno heredó la situación del recambio de los nuevos medidores de la administración anterior y que, dado el conflicto que se generó, decidieron que el recambio sea voluntario. Es decir, modificarán la norma técnica de distribución que regula el reemplazo de la tecnología y extenderán el plazo de siete a nueve años. El anuncio no es del todo clarificador, pues las empresas están obligadas a realizar el cambio de medidor en nueve años, pero no se forzará a las personas a hacerlo (ver entrevista en página 4).

Así también aclaró que en el caso de los clientes que quieran voluntariamente cambiar sus medidores, ya existe el compromiso de Enel, Saesa y Chilquinta de entregar una compensación de $10 mil por los aparatos antiguos y afirmó que el gobierno sigue trabajando en otros incentivos para motivar el cambio. El recambio se iniciará con los medidores que son propiedad de la empresa, lo que permitirá a los hogares descontar de inmediato ese cobro.

María Isabel González, cree que no tiene sentido el que sea vountario, ya que los "usuarios ya lo estamos pagando en nuestras cuentas".

El anuncio del Ejecutivo se da en medio de los costos políticos que ha traído el tema para el Presidente Sebastián Piñera, quien tras intervenir en el tema en marzo pasado, vio cómo caía en siete puntos su aprobación en la encuesta Cadem. Un escenario que abrió críticas en el oficialismo, donde sostienen que el gobierno debió haber dejado pagar los costos a la oposición. Un malestar que fue recrudeciendo y que se lo hicieron presente en los últimos días a los ministros del comité político Cecilia Pérez y Gonzalo Blumel.

Si bien en el Ejecutivo subrayan que hace semanas se venía trabajando en la materia, fuentes de Palacio admiten que el malestar de la coalición provocó que se acelerara el anuncio de las nuevas medidas, justo en momentos en que además se inicia el trabajo de la comisión investigadora que revisará la controversia.

Sorprendida quedó la industria con la noticia, ya que las distribuidoras no habían sido informadas de las nuevas medidas, a pesar de haberse reunido el viernes pasado en el marco de la cuarta mesa técnica por medidores inteligentes. Es más, en pleno anuncio se estaba realizando la junta de accionistas de CGE -distribuidora con más clientes del país y que no se ha sumado a pagar los $10 mil-.

El presidente de la firma, Antonio Gallart, tras escuchar las declaraciones, señaló que "el cambio de visión del gobierno muestra (…) que el rechazo de la población a esta medida es muy alta".