La reforma de pensiones mira al pasado y entra en etapa de definiciones

Tanto en oposición como en el gobierno la consideran como la “batalla de todas las batallas”. Incluso por sobre otras reformas, el proyecto de pensiones que hoy se discute en el Congreso es el gran legado al que aspira dejar un gobierno que carece de grandes logros legislativos, ha perdido la agenda y pasa por uno de sus momentos de mayor debilidad, fruto del lío de platas tras el caso Democracia Viva.

Luego del rechazo de la reforma tributaria en marzo y la nula posibilidad de acuerdo con la oposición en el corto plazo, la decisión política del gobierno es avanzar con celeridad en la reforma de pensiones. El deseo del Ejecutivo, confidencia una alta autoridad, es tener una base de acuerdo político con los partidos antes del referéndum constitucional de diciembre y cerrar con una ley durante el primer semestre del próximo año.

En lo que fue interpretado como una forma de sacar de su “zona de confort” a la oposición y retomar la agenda, esta semana el gobierno puso suma urgencia a la iniciativa y elaboró un cronograma que partirá este martes con la votación en particular en la Comisión de Trabajo de la Cámara.

Pero más allá del debate formal, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, ha estado negociando privada y públicamente con la oposición los puntos más controvertidos de la reforma, en medio del arribo del nuevo subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes.

“Han pasado ocho meses desde que presentamos el proyecto. Previo a la aprobación en general, en enero, escuchamos a parlamentarios y a 40 expertos en la Comisión de Trabajo de la Cámara. Hemos recogido recomendaciones que ahí se hicieron para acercar posiciones y llegar a acuerdo con la derecha. Tenemos plena disposición para ello. Una prueba es que hemos manifestado no perseverar en las cuentas nocionales, que para nosotros era el instrumento que mejor contribuía al objetivo de aumentar las pensiones de hoy y de mañana. También estamos considerando opciones para la reorganización de la industria y el 6%”, afirmó a Pulso la ministra del Trabajo.

“Es el momento propicio para que todos los sectores políticos alcancemos un acuerdo, dejando de lado la ideología (...) Hemos conversado con RN y sabemos que, igual que la gente, quieren una reforma para un sistema previsional que aumente las pensiones. Estamos de acuerdo en el propósito. En el ‘cómo’ tenemos diferencias, pero la mejor disposición a conversar”, añade Jeannette Jara.

Tanto en círculos de gobierno como de oposición concuerdan en que existen varios pilares de consenso para avanzar en una reforma y que muchos de ellos provienen de los proyectos presentados en los últimos gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera o fueron fruto de las propuestas que se generaron en el debate de entonces.

“La reforma de pensiones es una deuda pendiente que crece día a día. Hace cuatro años era la demanda número uno de la ciudadanía y no hemos avanzado nada. En el marco de una conversación que encabeza la ministra Jara y el ministro (de Hacienda) Mario Marcel, se observa una ventana de oportunidades para llegar a un entendimiento y para esto hay que mirar todo lo que está arriba de la mesa y uno de esos aspectos es la propuesta de la Presidenta Bachalet de hace años, la que nos puede servir para llegar a un entendimiento”, afirma el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD).

El senador Rodrigo Galilea (RN) coincide en las posibilidades de acuerdo. “Están dadas las condiciones políticas para que durante este gobierno podamos llegar a una reforma razonablemente consensuada, que le dé estabilidad y validez técnica política y social a todo nuestro sistema de pensiones. Por supuesto que hay discusiones que no son fáciles de resolver, pero el hecho de que todos estén en la necesidad de ceder algo y que nadie pueda llevarse el 100% de sus puntos hace que en principio todos estén abiertos a distintas alternativas”, sostiene el clave negociador de la oposición.

La semana pasada por primera vez el gobierno comunicó en reunión con parlamentarios de RN su disposición a que el 2% de la cotización adicional se destine a cuentas individuales y el otro 4% vaya a seguros sociales, propuesta que no logró encantar a los legisladores opositores, quienes plantean que la mayor parte vaya a capitalización individual (4%). El proyecto original establecía que la cotización extra de 6% fuera a un Fondo Integrado de Pensiones que financien seguros sociales y cuyo pilar son las llamadas cuentas nocionales, una opción que ya ha sido desechada por el gobierno.

Una alta fuente de gobierno reconoce que es altamente probable que se llegue a un consenso en que el 3% vaya a cuentas individuales y el restante 3% a un seguro social, pero repara en que los conflictos aparecen en cómo integrar a ese cuadro la solidaridad intergeneracional e intrageneracional.

“Los nudos del debate tienen que ver principalmente con el destino del 6% y la separación de la industria. De nuestra parte (nuestra línea roja es) que tiene que haber un aporte solidario de a lo menos 3% que debe ir para seguro social. Más allá no tiene sentido, más aún que en el proyecto de Piñera estaba considerado”, sostiene el diputado socialista Jaime Naranjo.

Mientras Bachelet propuso en 2017 una cotización adicional de 5%, donde 3 puntos se destinaban a una cuenta personal de propiedad de cada trabajador, y 2 puntos a un fondo de ahorro colectivo, Piñera presentó un proyecto que proponía un alza de 4% de la cotización, donde 3,8% iban a cuenta individual y 0,2% a solidaridad. Sin embargo, en enero de 2020 se llegó a un acuerdo con diputados DC que contemplaba un alza de 6% de la cotización, donde 3 puntos iban a cuenta individual y los 3 puntos a ahorro colectivo solidario. La iniciativa no logró avanzar en el Senado.

En la oposición y en el mundo empresarial coinciden, sin embargo, en que la Pensión Garantizada Universal (PGU) aprobada en el gobierno de Piñera ha cambiado el escenario respecto la discusión dada en los proyectos anteriores. “La PGU aprobada en el gobierno de Piñera se hizo cargo de la pobreza en la jubilación, por lo que la solidaridad intergeneracional pierde sustento en esta discusión y no debiera financiarse con la cotización extra del 6%”, sostiene una alta fuente empresarial. En la oposición coinciden y_han insistido que este tipo de solidaridad debe venir de las rentas generales.

Adicionalmente, en la última semana ha ganado terreno en el análisis del gobierno, luego de ser propuesto por RN, la posibilidad de incluir un seguro de longevidad, el que podría integrarse al seguro social de la_de cotización extra. “Si bien puede ser algo regresivo, tiene un efecto muy beneficioso en todas las pensiones, especialmente en el de las mujeres, si se afina correctamente”, sostienen en el gobierno. El mecanismo fue propuesto en 2021 en medio del debate previsional del gobierno de Piñera por Solange Berstein (actual presidenta de la CMF) Marco Morales, quien fue asesor del exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín. En la oportunidad, propusieron que la pensión que corre entre los 65 y 85 años sea financiada por el ahorro individual. Al superar la edad tope, se activa el seguro. “Es algo que estamos mirando con interés”, reconocen en el gobierno.

Un mundo aparte es la negociación que gira en torno a la separación de la industria (dividir administración de cuentas de la gestión de inversiones) y que es reconocido como uno de los puntos de mayor disputa en la negociación entre el gobierno y la oposición, junto a la voluntad del oficialismo de eliminar el Decreto Ley 3.500, el mecanismo legal que sustenta el sistema privado de pensiones vigente.

Actualmente, la reforma crea un Administrador de Pensiones Autónomo (APA), que es el único ente que puede gestionar las cuentas de los afiliados, y es la cara visible frente a los cotizantes. Ese es el llamado Instituto de Previsión Social (IPS) reforzado. Una de las ideas que evalúa el gobierno es que en vez de que esas funciones las cumpla una entidad estatal como el IPS reforzado, se puedan licitar esas funciones y que opere como hoy ocurre con la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), cuyos accionistas son... las AFP.

Sin embargo, en la oposición están en contra de generar un monopolio estatal en la administración de cuentas y proponen que haya múltiples oferentes. El propio ministro Marcel en su reciente visita a Toronto, Canadá, por el Chile Day, se abrió a la posibilidad de inyectar competencia privada. A modo de ejemplo, dijo que se podría concretar un joint venture con todos los actores del sistema, tal como funciona Previred.

Pero “aguas abajo”, en la gestión de inversiones de los recursos previsionales, también hay nudos que resolver. Bajo este contexto, la promesa del gobierno de terminar con las AFPtambién parece estar diluyéndose a medida que avanzan las conversaciones.

“Las AFP no me incomodan que puedan persistir. Pero que los cotizantes tengan otras opciones que puede ser semipública o pública. Que los cotizantes elijan de acuerdo a quien le ofrece mejores pensiones. La separación de la industria es fundamental para mejorar las pensiones, como también que entre los entes inversores haya competencia”, explica el diputado Naranjo.

De hecho, en el gobierno confidencian que el interés hoy es dotar de mayor competencia en la gestión de inversiones y eliminar algunos puntos cuestionados por la oposición, como la posibilidad de que los afiliados lleguen por default con sus recursos al IPPA (Inversor de Pensiones Público y Autónomo).

En el seno del equipo económico analizan la posibilidad de extender el actual sistema de licitación de nuevos afiliados a los cotizantes antiguos, tal como lo ha propuesto el economista Salvador Valdés. La idea, confidencia una autoridad, es licitar a entes públicos y privados el 10% de los afiliados cada año, lo que generaría un ajuste a la baja en las comisiones a los cotizantes.

“Sí va a haber separación de la industria, espero que por el lado de la inversión el proyecto contemple que el inversor público no se quede con el default, que haya libertad de elección, y que tenga las mismas características corporativas que los inversores privados para que compitan en igualdad de condiciones. Por el lado de la administración de las cuentas, el acuerdo va a ser muy cercano a lo que es hoy una licitación, como lo que ocurre hoy con la AFC”, concluye el diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga.