Pacto fiscal: las vías que explora el gobierno para impulsar el trámite de la reforma

Hasta último momento el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y sus asesores han estado afinando el anuncio que se haría mañana sobre la nueva propuesta de pacto fiscal. Luego del inesperado rechazo en la Cámara de Diputados en marzo pasado, el oficialismo se vio obligado a diseñar otra fórmula para su reforma tributaria que le permita avanzar en el financiamiento del programa de gobierno.

En el marco de su segunda cuenta pública, el Presidente Gabriel Boric pidió, el mes pasado, hacer un pacto fiscal y anunció que el gobierno insistiría con el proyecto tributario en julio ante el Senado. Sin embargo, la necesidad de contar con dos tercios de la Cámara Alta para volver con el mismo proyecto vetado en marzo y el rechazo de la oposición a alzas de impuestos y otros aspectos de la reforma, han dificultado la estrategia política del oficialismo. Si bien este escenario adverso ha obligado al Ejecutivo a abrirse a la posibilidad de insistir ya en marzo de 2024, luego de cumplir un año del rechazo original de la Cámara, el diseño legislativo tendrá matices.

En medio de conversaciones con el mundo empresarial y los partidos políticos, Hacienda dividirá el proyecto y priorizará el avance de las medidas contra la evasión, la elusión y el fin de algunas exenciones, las cuales tienen una mejor recepción en la oposición y cuyo trámite sería más expedito, confidencian distintos asesores parlamentarios. El primer paso de Hacienda, cuya idea original en este eje recauda 1,6% del PIB, también apunta a buscar con celeridad el financiamiento para la reforma de pensiones y el alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil que se discute paralelamente en el Congreso.

“Hay disposición para avanzar ahora en los temas de evasión y elusión, y dejar para marzo próximo todo lo relacionado a los cambios en impuesto a la renta, tributos correctivos y a la salud”, afirma un parlamentario oficialista, quien interpreta el anuncio de mañana también como una forma de cumplir con el mandato hecho por Boric en la cuenta pública. Los otros ejes que integrarían la estrategia parcelada y en distintos tiempos del gobierno son las iniciativas para las pymes y la informalidad, incentivos a la inversión y el crecimiento, y modernización del Estado y mejor gasto público.

No obstante, en Hacienda barajan distintas opciones para avanzar inmediata y separadamente con las medidas contra la evasión y elusión, frente al impedimento de enviar un proyecto que pueda ser declarado inconstitucional al incorporar ideas matrices del proyecto rechazado en marzo.

Un influyente parlamentario oficialista cree que una estrategia posible es que Hacienda envíe la misma reforma rechazada en marzo a través del Senado y logre los dos tercios requeridos para su tramitación bajo la promesa de seguir legislando sólo las medidas contra la evasión y elusión, y dejar para después el resto de los contenidos. “La oposición podría estar dispuesta a ceder sus votos en el Senado para que cuando el proyecto vuelva a la Cámara el Ejecutivo mande una indicación sustitutiva sólo con las medidas antievasión y antielusión, por ejemplo”, explica el parlamentario.

Pero esta opción genera reparos tanto en el oficialismo como en la oposición. De hecho, el senador RN Rodrigo Galilea muestra su rechazo, dada su complejidad. “La posibilidad de insistir con todo el proyecto en el Senado es una mala idea”, sentencia.

En el otro frente, el diputado PS Jaime Naranjo rechaza dividir la iniciativa. “Quienes pretenden parcelar el proyecto no van a tener buena acogida, al menos de mi parte, porque considero que este es un proyecto integral. El gobierno debe agotar las instancias de acuerdo, o si no, esperar hasta marzo del próximo año”, afirma.

Con todo, la idea de avanzar con un nuevo y “reformulado” proyecto contra la elusión y evasión a través de la Cámara de Diputados gana terreno. Fuentes de gobierno asumen que hay un riesgo de que pueda ser declarado inconstitucional, pero señalan que el diseño debe “aislar” esta posibilidad.

“Un intento por ingresar un proyecto nuevo sobre evasión, elusión y exenciones que se salte las reglas sobre la insistencia no es una salida muy honrosa, pero es pragmática y puede funcionar, ya que es difícil que alguien eche abajo un paquete antievasión y elusión que cuenta con el apoyo de parte de la oposición. Hay un costo político de oponerse o llevarlo al Tribunal Constitucional”, sostiene Alberto Cuevas, socio Tax & Legal de KPMG y excoordinador de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda del segundo gobierno de Michelle Bachelet.

El abogado y asesor cree que políticamente hay espacio para avanzar de esta forma, dadas las señales que han enviado algunos parlamentarios de RN. “El ambiente político para el gobierno en la Cámara hoy está levemente más favorable. La construcción del acuerdo para la presidencia de la Cámara y algunas señales que ha dado RN sobre mantenerse en un camino distinto al de la UDI en materia de reformas, políticamente ha generado una ventana, aunque pequeña y todavía frágil, para la eventual estrategia del Ejecutivo de avanzar ahí con la agenda contra la elusión y evasión”, añade Cuevas.

Si bien el diputado de Renovación Nacional Frank Sauerbaum expresa sus dudas sobre la constitucionalidad de un proyecto nuevo sobre la materia, cree que es la forma más “eficiente” de avanzar en el pacto fiscal. “Hace un año y medio nosotros le habíamos propuesto esta misma fórmula. Le puedo adelantar que vamos a tener una buena disposición a discutir este tema”, asegura el parlamentario de oposición, quien recuerda que las medidas contra la elusión y la evasión ya habían sido planteadas durante el último gobierno de Sebastián Piñera.

En la misma línea, el senador Galilea estima que se puede evitar la inconstitucionalidad de la iniciativa haciendo una reformulación de las medidas. “Un proyecto en contra de la evasión y que busque formalizar a la economía que está fuera de todo control, junto con medidas que simplifiquen y favorezcan la inversión, será mirado con buenos ojos”, argumenta Galilea, quien recalca que se debe perseguir la informalidad.

La diputada oficialista y presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Gael Yeomans, dice que separar el pacto fiscal en distintos proyectos es una estrategia que permite seguir adelante y que no implica renuncias.

“Si se hace más viable ir ingresando proyectos de ley que nos permitan ir avanzando en materia de recaudación, especialmente porque tenemos un programa que implementar y en ello la PGU es un asunto muy importante, me parece correcto”, manifiesta la diputada de Convergencia Social.