Tres preguntas para entender el nuevo anuncio del gobierno sobre los medidores inteligentes

La ley 21.076 que modificó la normativa de servicios eléctricos y cambió la propiedad de los medidores desde los clientes a las distribuidoras fue aprobada en enero de 2018. Esta medida surgió de una moción de un grupo transversal de parlamentarios que buscaba obligar a las empresas a reponer los medidores y empalmes tras los daños generados por el terremoto que afectó a la zona norte del país en 2015.

Dicha ley generó numerosos dolores de cabeza al Gobierno y a las empresas de distribución en un debate que parecía no llegar a su fin. Sin embargo, este miércoles el Ejecutivo dio marcha atrás a la medida que planteaba que el cambio de medidores era obligatorio y anunció que el recambio de la tecnología quedará a voluntad del cliente.

En marzo pasado se destapó la polémica del recambio a los medidores inteligentes cuando el presidente Piñera confirmó que "el usuario paga todo". La situación generó revuelo tanto en la ciudadanía como en el sector político. Ante las presiones, se conformó una mesa técnica con las distribuidoras. Ayer el gobierno sorprendió, pues anunció que el recambio será voluntario.

No queda claro lo que significa que el recambio sea voluntario. El gobierno explicó que las empresas están obligadas a realizar el cambio, pero que no se forzará a los usuarios si no quiere el nuevo aparato. El plazo se extendió de 7 a 9 años. Otra duda es qué sucede con el cobro que ya se está haciendo a los usuarios en sus cuentas por el cambio.

Hay tres empresas -Enel Distribución, Saesa y Chilquinta- que acordaron voluntariamente pagar $10 mil por el recambio de medidor, medida que sigue en pie. Aún falta que CGE y otras distribuidoras tomen la decisión, pero el gobierno califica la iniciativa como un incentivo para convencer a la ciudadanía.