Particularmente tenso resultó ayer el penúltimo comité político, entre ministros y lideres de los partidos oficialistas, de la actual administración de la Presidenta Michelle Bachelet.

Lejos de ahondar en las urgencias legislativas para esta semana, gran parte de la reunión se centró en la preocupación de la Nueva Mayoría frente al acuerdo que zanjaron Corfo y SQM el miércoles pasado para la explotación del Salar de Atacama.

En bloque, los líderes oficialistas pidieron explicaciones a los ministros presentes por la pertinencia del trato y fue el titular de la Segpres, Gabriel de la Fuente, quien respondió.

El secretario de Estado explicó que el pacto tenía la ventaja de producir un aumento en la recaudación fiscal y también les garantizó que SQM había desarrollado un cambio en su gobierno corporativo, sacando del mapa al controlador de la compañía, Julio Ponce.

Sin embargo, las explicaciones de De la Fuente no fueron suficientes y finalmente se acordó que les enviaría una minuta detallada de las razones por las cuales se optó por este acuerdo.

"Como PPD debo decir que nosotros no compartimos la oportunidad de haber hecho este acuerdo al final del Gobierno y creo que de alguna manera coloca un problema desde el espacio de la finalización", afirmó el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete.

Además, aclaró que la militancia del vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán, en el PPD, no atenúa las críticas que tienen en la colectividad.

Su par del PR, Ernesto Velasco, calificó la decisión como un "error" asegurando que "esto pudo haber quedado perfectamente para el próximo gobierno y que lo resolvieran en otro contexto".

El líder radical señaló que "es importante que el Gobierno precisara cuál es el alcance, los efectos que tiene y que haya máxima transparencia ante la ciudadanía".

Otro tema conflictivo que se trató ayer fue la resolución del Tribunal Constitucional frente al proyecto que le entregaba más atribuciones al Sernac.

En los partidos consideran grave que el Ejecutivo no tuviera preparado un "plan B", puesto que era previsible que el TC votaría desfavorablemente.

El ministro de Segpres se defendió manifestando que en este caso no se podía tener certeza sobre lo que iba a resolver el TC y que sólo se podía "presumir cómo se iba a comportar".

El presidente del PS, Álvaro Elizalde, asumió que se planteó "preocupación" por el tema debido a que "es la aplicación más extrema de la doctrina neoliberal respecto de las facultades que puedan tener los órganos de la administración para evitar toda forma de abuso".