El plan financiero que no logró salvar a la Universidad La República y los grupos que se interesaron en ingresar a su propiedad

Desde los dueños de la cadena de gimnasios Pacific Fitness a un proveedor de servicios de fibra óptica. La junta directiva de la casa de estudios sostuvo conversaciones con diversos grupos empresariales a fin de evitar su cierre previo a la resolución adversa del Consejo Nacional de Educación (CNED) que se conociera el pasado jueves. El órgano colegiado aprobó la recomendación del Mineduc de revocar el reconocimiento oficial de universidad.


En los próximos días, la Superintendencia de Educación Superior (SES) presentará sus descargos al reclamo de ilegalidad que efectuó la Universidad La República ante la Corte de Apelaciones de Santiago para evitar el cierre. En su arremetida, la casa de estudios asociada históricamente a la masonería y al Partido Radical, intentó sin éxito, por medio de una orden de no innovar, bloquear la decisión del Consejo Nacional de Educación (CNED) que el pasado 6 de mayo acordó revocar el reconocimiento oficial de la casa de estudios.

En el marco de este proceso, el 23 de abril la universidad develó al tribunal un informe financiero con el que intentó salir a flote en medio de la grave crisis económica por la que atraviesa. En este documento, la casa de estudios detalló sus esfuerzos para “volver a cursos financieros adecuados ”. Se trata de un informe que viene a ser una “hoja de ruta” que abordaba en 93 páginas sus proyecciones de ingresos, costos y pasivos en los próximos 10 años.

“Hoy más que nunca somos una institución más autocrítica. Efectivamente, creemos que siempre podemos hacer mejor las cosas, en pos de lograr excelentes resultados para con nuestros alumnos y comunidad en general. Nuestras debilidades son reflejo de nuestra autoevaluación. No obstante, reconocemos que aún mantenemos falencias, las cuales junto con una adecuada definición están siendo abordadas por nuestra universidad y sobre las cuales recaen importantes acciones de mejoramiento contenidas en el Plan Recuperación a 24 meses”, sostuvo el informe, al que tuvo acceso La Tercera.

Los flujos de ingresos anuales consideran el cumplimiento de compromisos financieros correspondientes a financiamiento de finiquitos y pagos de deudas a la fecha durante los 36 primeros meses. A partir del mes 37 (cuarto año) solo considerar el continuar atendiendo los compromisos correspondientes a la deuda de largo plazo. En los próximos 10 años, Ulare proyectaba ingresos por $ 64.301 millones y una utilidad de $18.133 millones.

El plan financiero 2021 a 2023 era muy ambicioso, pero terminó siendo desestimado por la autoridad, que consideró que no era suficiente para proyectar a futuro a la casa de estudios. El problema para el regulador es que el plan de recuperación presentado por la universidad no precisó las medidas y acciones ni sus objetivos y condiciones generales. Además, en su presentación Ulare no detalló los indicadores de verificación ni metas comprometidas para evaluar el avance en el cumplimiento de dicho plan. Tampoco precisó cómo se avanzará en el desarrollo de la feria académica, las carreras y programas que los compone, ni tampoco dio cuenta de los estudios que sustentan dicha oferta.

“No detalla los ajustes en los costos ni el tiempo que estos tienen en cautelar las condiciones de calidad en la prestación del servicio educativo a sus estudiantes”, consignó en su presentación el superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés.

Los grupos interesados

Pero un punto clave en las falencias del plan de recuperación de la Ulare radica en que “no identificó fuentes de financiamiento a las que se recurriría para la ejecución de las medidas planteadas”. Justamente una de las alternativas para lograr levantar las alicaídas arcas de la casa de estudios que se financia por medio de la matrícula y la mensualidad de sus 3.700 alumnos era el ingreso de un socio inversionista que pudiera inyectarle capital.

Bajo esa lógica, por medio de una carta, el 29 de marzo de 2021, el rector Fernando Lagos informó a la SES que en a búsqueda de aportes de capital sostuvo conversaciones “con los grupos de inversiones Bozza y Grupo de inversiones Bartsch”. Este último es encabezado por Fritz Bartsch y cuenta con inversiones en diferentes sectores que van desde el sector inmobiliario al deporte, con la cadena de gimnasio Pacific Fitness.

En la misiva, el rector también detalló que “se ha logrado incorporar el ingreso del Grupo César Valdivia, quien aportará capital de trabajo para los desafíos de la universidad. El ingreso de capital constituye un hito muy sustantivo para dar respuesta a las exigencias de un Plan de Recuperación y un aporte a la sustentabilidad del proyecto educativo de la Universidad La República”.

Tal fue el avance de las negociaciones que incluso en diciembre de 2020 el rector Fernando Lagos acudió a una reunión con el subsecretario de Educación, Juan Eduardo Vargas, en la que presentó a uno de los inversionistas. En el encuentro este socio inversionista presentó incluso compromisos de inversión, pero la autoridad les planteó que dichos montos eran insuficientes. En efecto, César Valdivia fue el último de los interesados en ingresar a la propiedad de la casa de estudios.

“Con posterioridad a la petición de cierre de la universidad que planteó la SES hemos recibido el interés de otros grupos en controlar y participar de la propiedad de la universidad. Ante la decisión de eventual cierre, han mirado con cierta detención esta situación, a la espera de que la autoridad resuelva. Hay grupos interesados, incluso desde el extranjero que me han presentado cartas de interés a la espera de lo que resuelva la autoridad. Son grupos de México, Estados Unidos y Brasil”, explicó el rector Fernando Lagos a La Tercera.

Los ingresos proyectados

El plan de recuperación financiera considera una base de ingresos efectivos de $ 5.403 millones en línea con los alcanzados en 2020. “A dicha cifra se realiza un aumento de ingresos año 2021 de un 15%, derivado que para el año 2021 y siguientes se regulariza el monto total de porcentajes de becas por alumnos, no pudiendo exceder éste a un 30%, situación que hasta el año 2020 alcanzaba a un 45%”, acotó la presentación.

“Se debe indicar que la aplicación de becas superaba y supera un 95% del alumnado”, añadió el mismo documento.

“Para años 2021 y 2022 se mantiene el monto de ingresos proyectados superior a 15%, a fin de materializar un modelo conservador. A partir de año 2023 el ingreso aumenta a un +20% del monto inicial. Así, entonces, el modelo solo considera ingresos por alumnos y no por otros servicios, como OTEC, venta de servicios y otros, los cuales si bien se planifica que se concreten aumentos significativos de ellos, estos no fueron considerados en el modelo”, remató.

Además, el plan contempla una reducción en 50% en los costos de arriendo. La orientación de la Ulare hacia sistema semipresenciales y eventualmente en el tiempo a un modelo de educación a distancia fortalecen estas medidas de mejora”, remató el documento.

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