El informe de la negligencia

El 10 de abril, 68 diputados solicitaron crear una comisión especial investigadora de los "actos del gobierno respecto del eventual fraude en la ANFP y los efectos que tuvo su reestructuración posterior en su relación con las organizaciones deportivas entre 2015 y el 4 de abril de 2018".

El informe fue aprobado por unanimidad por la comisión investigadora del fraude de la ANFP, presidida por Jaime Mulet y la próxima semana será votada en la sala de Cámara.

Entre las conclusiones que arrojó el escrito de 112 páginas, se sugiere la negligencia de los ministerios de Justicia y del Deporte.

En el caso del primero, liderado por Javiera Blanco y después por Jaime Campos, se expresa que "se está de acuerdo en que no dio cabalmente cumplimiento a su deber de control y fiscalización", pues considera que la intervención fue acotada "sin involucrar otros tantos (temas) que tenían igual o mayor importancia desde la perspectiva del cumplimiento de los fines y el resguardo del patrimonio de la institución".

Asimismo, se culpa a esta cartera de no haber aplicado la sanción máxima. Es decir, la cancelación o disolución de la personalidad jurídica, "únicamente a juicio de esta Comisión por la relevancia que tiene la institución en el fútbol profesional, el interés público involucrado y la posibilidad de perjudicar a la selección chilena, todos fundamentos".

Los dardos de los diputados también fueron dirigidos hacia el IND y el Mindep por su "inacción", a pesar de tener los antecedentes necesarios para sancionar: "Los ministros del Deporte del periodo, doña Natalia Riffo y don Pablo Squella. Dichos ministros en el periodo investigado no actuaron ni demostraron interés alguno en la manera en que operaron las organizaciones deportivas profesionales, que desarrollan una actividad tan relevante y masiva como es el deporte del fútbol".

Otra arista que atacó la comisión fue la actuación del Servicio de Impuestos Internos, encabezado en ese período por Michel Jorratt y Fernando Barraza, a quienes responsabilizan de "no ejecutar los controles necesarios y analizar la información de transferencias de dinero". Y pone como ejemplo los $ 29.121.557.210 de ingresos por la Copa América, de los cuales $ 10.659.335.248 fueron recaudados por la Asociación de forma directa, no ingresando al COL 2015, y siendo registrado en la contabilidad de éste último como cuentas por cobrar.

Las conclusiones también apuntan hacia la estructura de la Federación de Fútbol, en la que a juicio de los parlamentarios, el fútbol profesional y el amateur no pueden compartir directorios, pues "genera desórdenes administrativos y campos de acción muy amplios que no permiten resguardar los intereses de ambas asociaciones".

En esa línea, los congresistas proponen modificar la naturaleza jurídica de la ANFP, para que esté sujeta a mayores controles; la creación de controles externos a cargo del IND; exigir por ley la creación de un cuerpo de auditores independientes designados por los clubes; la fiscalización de la ANFP mediante la Federación de Fútbol de Chile. Sin embargo, para realizar esto último, sugiere, que "no corresponde que los miembros del directorio de la ANFP sean a su vez miembro del directorio de la Federación (...). Esta incompatibilidad recién nombrada debe ser establecida por ley".

"Además de las responsabilidades administrativas y políticas, lo más relevante es entender que la actual estructura jurídica de la ANFP es débil e insuficiente frente a la magnitud de negocios que mueve el fútbol profesional. Debe ser mucho más fiscalizable, para que sea transparente y tenga la misma regulación de las sociedades anónimas deportivas", explica Jaime Mulet, timonel de la comisión, sobre el informe que deberá analizar el gobierno.