Víctimas cedieron un terreno a cambio de dos departamentos que se construirían en el predio. Sin embargo, la inmobiliaria traspasó las propiedades a otra empresa y los afectados no pudieron acceder a estas residencias.

El ajuste monetario global está presionando a los compradores de viviendas, lo que agrega riesgos de que una desaceleración pueda afectar a la economía.

En su presentación ante la Dirección Ejecutiva del SEA, la compañía denunció que la Coeva RM, institución presidida por la delegada presidencial Constanza Martínez e integrada por nueve Seremis, se apartó de manera arbitraria de la recomendación técnica que había entregado previamente el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la cual señalaba que la declaración de impacto ambiental debía ser aprobada.

Un informe privado elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción detalla que 14 proyectos inmobiliarios, por un total de 6.062 departamentos, en Estación Central figuran sin recepción final a marzo de 2022. Según el mismo documento, de los ocho que presentan problemas con la Dirección de Obras, seis se encuentran terminados y dos en etapa de excavación de subterráneos. En tanto, de los seis que no cuentan con problemas, uno está terminado sin solicitud de recepción final, tres en etapa de terminaciones y dos en obra gruesa.

En octubre, el abogado quiere sumar una nueva maratón a su palmarés. Esta vez, en Chicago. El 4 de abril, Pablo Medina sufrió la experiencia más fuerte de su trayectoria laboral: con dos años en construcción, US$ 100 millones invertidos y un 33% de avance, la autoridad ambiental frenó, en Ñuñoa, el mayor proyecto que ha impulsado. Medina trabajó como abogado, fundó Actual y hoy es el controlador de Fundamenta, una empresa a la que ha intentado imprimir el sello católico que profesa. Espera retomar el proyecto paralizado pronto. “No podemos esperar el año”, afirma.

Las obras están destinadas para el arriendo de oficinas, departamentos y tiendas.

El empresario Claudio Cordero presentó una autodenuncia ante el Ministerio Público luego de enterarse que sus exsocios señalaban privadamente que las dificultades que enfrentan los proyectos obedecen a una gestión maliciosa de la constructora. El gestor inmobiliario evalúa la liquidación voluntaria de la empresa debido a graves problemas de liquidez por la pandemia y el "estallido social". Sus socios Paul Fontaine, Rafael Araneda, Fabio Traverso, Ricardo García, Samuel Larraín, Aníbal Flores y Paola Bruzzone decidieron continuar con los proyectos.

La Municipalidad de Las Condes contestó a la demanda de indemnización de perjuicios que presentó la Inmobiliaria Nueva El Golf. En ella aseguró que “no es responsable de los perjuicios por demoras adicionales producto de la pandemia por Covid-19, como de ningún otro perjuicio”.

Tánica consiguió la aprobación del permiso de edificación que le permite la puesta en marcha de su proyecto inmobiliario denominado Terrazas del Valle, ubicado a los pies del Cerro Alvarado en Lo Barnechea. La iniciativa cuenta con dos centros comerciales y 14 edificios. Sin embargo, por estos días se encuentra a la espera de “mejores condiciones de mercado para su inicio”.

Pese a esto, en el cuarto trimestre la compañía anotó importantes cifras en obras por ejecutar o backlogs.

La empresa señaló que se apreció una reactivación en la firma de promesas durante el trimestre, las que alcanzaron 2.008 millones de UF, un 79,6% superior a los 1.118 millones de UF de igual periodo de 2019.

La compañía que ha desarrollado toda su trayectoria en la renta de espacios comerciales está moviendo sus fichas hacia la renta residencial, donde ya alistan seis edificios con más de 2 mil departamentos. Además, en estos días están sellando su inscripción en la CMF para emitir deuda pública y están abiertos a nuevos socios.

El próximo 3 de diciembre los abogados de la Municipalidad de Vitacura y la Sociedad de Desarrollo Agua del Palo Ltda. -firma asociada a la familia de Christoph Schiess, dueña de Tánica- expondrán ante la Corte Suprema que no hubo acuerdo para poner fin a un antiguo litigio por terrenos que pertenecieron en los años ochenta a la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP). Cinco concejales rechazaron la propuesta al considerar que el monto ofrecido por la transacción era muy bajo, lo que implicaba a juicio de ellos un detrimento al patrimonio municipal. Mientras, Tánica -que pretende construir ahí un proyecto inmobiliario- lamentó la decisión del concejo municipal.

El servicio se realiza por medio de una colaboración con el Banco Santader.

El martes, el concejo de la Municipalidad de La Reina acordó iniciar gestiones para elevar las restricciones de edificación sobre un extenso terreno que perteneció -según el alcalde de la comuna- a Bernardo O’Higgins. La posibilidad de que el terreno sea comprado por una inmobiliaria y levante torres de departamento o un mall, genera preocupación al interior del municipio. Mientras, el Ejército responde que los fondos serán utilizados para financiar un proyecto inmobiliario en la comuna de Estación Central que podrá paliar en parte el déficit de viviendas para sargentos y cabos de la Guarnición Militar de Santiago.