Justicia para La Pintana

La Pintana. Foto: Referencial/Agenciauno

Mientras que en Vitacura un 0% de las personas declaran escuchar balaceras frecuentes en sus barrios, en La Pintana es un 76%. Todo esto exige no sólo intervenciones focalizadas que disminuyan la violencia, sino la recomposición y fortalecimiento de la vida en comunidad, hoy deteriorada a balazos.


*Esta columna fue escrita en conjunto con Arturo Subercaseaux, investigador de Horizontal.

La Pintana es una comuna periférica de transición urbano-rural que, desde su fundación en 1984 fue invadida por cientos de guetos de viviendas sociales, que sobresaturaron la capacidad de carga del municipio de responder a la nueva demanda por bienes fundamentales, como la salud, educación o áreas verdes, sin mayor apoyo del Estado. En muchos casos, derechamente existe abandono de barrios completos como Villa Nacimiento (que se encuentra tan deteriorado que será sometido a un proceso de regeneración urbana) y los emblemáticos sectores de El Castillo y Santo Tomás. En todos ellos, ha proliferado la marginalidad entre conjuntos habitacionales de mal equipamiento y calidad de vida.

La Pintana ha cargado siempre con el estigma de ser una comuna dominada por la delincuencia, el narcotráfico y la segregación territorial. Pero esto no lo eligieron los pintaninos, sino que se los impuso una sociedad que no los ve como iguales.

Nunca está demás insistir en que la equidad territorial debiera ser una de las bases de nuestras políticas públicas. La forma en que planificamos nuestras ciudades incide directamente en todo ámbito de nuestras vidas, desde los colegios, los consultorios, las áreas verdes o cuánto nos tardaremos en llegar a nuestro trabajo. El desplazamiento de comunidades pobres hacia la periferia significó condenar a miles de personas a vivir privados o apartados de bienes públicos y/o en calidad insuficiente, y levantar muros de injusticia en nuestras relaciones ciudadanas, sin hacerse cargo de ello.

Sin embargo, además de la profunda desigualdad territorial, La Pintana debe lidiar con dos grandes desafíos conexos: el narcotráfico y la delincuencia. Ser genuinamente libres requiere poder llevar vidas libres de violencia en sus hogares y comunidades, pero a julio de 2019 se habían cometido 13 homicidios en La Pintana, de los cuales 10 fueron perpetrados en solo cuatro cuadras de la comuna, lo que impone un desafío de focalización del trabajo en seguridad pública. O más gráfico: mientras que en Vitacura un 0% de las personas declaran escuchar balaceras frecuentes en sus barrios, en La Pintana es un 76%. Todo esto exige no sólo intervenciones focalizadas que disminuyan la violencia, sino la recomposición y fortalecimiento de la vida en comunidad, hoy deteriorada a balazos.

Vitacura y La Pintana se encuentran a sólo 27 kilómetros de distancia, pero las diferencias entre ambas son tan profundas, como inaceptables: mientras que en la primera existe un 3% de pobreza multidimensional, en la segunda es un 32%. El sueldo líquido promedio en La Pintana es ligeramente superior al mínimo ($331 mil), mientras que en Vitacura lo es en casi 6 veces ($1,72 millones). En cuanto a oportunidades educacionales es aún más drástico: mientras un 6% de los alumnos son prioritarios o preferentes en Vitacura, en La Pintana el porcentaje alcanza a un 90%, con muy bajos resultados en SIMCE y PSU. Emparejar la cancha en educación es una necesidad urgente, porque sin las condiciones necesarias para perseguir nuestros proyectos de vida libremente, la política social sólo jugará en los bordes de una desigualdad irreversible.

Pero el ciclo político pareciera ir cambiando, y hay esperanza de un mejor futuro para La Pintana. La propuesta del Plan Integral para la población El Castillo, un barrio abandonado por la acción política por más de tres décadas, llevaría mayor equidad territorial con grandes inversiones en seguridad, áreas verdes y gestión de residuos. A su vez, la llegada del Metro sin duda contribuirá a revitalizar el desarrollo comunal, relativizando las distancias que separan los de mejores oportunidades para sí y sus familias.

Es un imperativo ético abrir la conversación sobre otros barrios y comunas postergadas, abandonados por el Estado o capturados por el narcotráfico, en Santiago y en regiones. Si queremos un proyecto de país que nos una bajo un solo Chile, nuestras ciudades deben planificarse teniendo un sentido transversal de justicia como principio rector. No es tolerable que existan ciudadanos de segunda categoría. Debemos aspirar todos a una ciudad justa.

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