¿Adiós a “Contralorito”?: Dorothy Pérez evalúa futuro del corpóreo y el gobierno mira de reojo su “activa subrogancia”

Apenas asumió como contralora (s), Dorothy Pérez tomó una decisión: ajustar el funcionamiento de Contraloría. No fueron cambios cosméticos, sino que se reorganizaron cargos, se suprimieron divisiones y se volvió a la institucionalidad tradicional. Esa de traje de dos piezas, abogados pragmáticos y un trato distante con los funcionarios.

De hecho hoy, y con miras a la temporada estival de incendios, trascendió que Pérez despachó oficios de inicio de fiscalización en todas las entidades públicas que tienen algún rol directo o indirecto para las labores de prevención y combate de incendios forestales para verificar si están preparados para el rol de proteger a la ciudadanía.

Una de las grandes dudas que aún no se despejan es si en este mandato momentáneo realizará algún cambio en cómo se comunican los dictámenes. Su exjefe creó al corpóreo denominado “Contralorito”, quien emula a un loro que combate la corrupción y que, sin embargo, algunas veces ha sido cuestionado por críticas implícitas que ha hecho a figuras políticas. Por el momento, dicen en su círculo cercano, no está contemplado cambio alguno con ese personaje, pues está enfocado en dar un sello a su gestión que podría extenderse por varios meses.

Los primeros cambios, comunicados el lunes 18 a pocas horas de asumir, fueron fundados en dos documentos. El primero, en la resolución exenta N° 2524, para crear División de Gobiernos Regionales y Municipalidades, unidad que existía antes que asumiera Jorge Bermúdez en 2015 y quien estuvo por eliminarla.

Según se argumenta en la resolución de Pérez, esta es para “fiscalizar y velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico, el respeto del principio de probidad administrativa y el resguardo del patrimonio publico, por parte de los Gobiernos Regionales y de la Administración Municipal, como asimismo de las entidades privadas que administren fondos públicos y cumplen finalidades en dichos ámbitos y respecto de las cuales la Constitución o las leyes otorguen competencias a la Contraloría General de la República”.

En tanto, desde la administración Bermúdez descartan su utilidad. Cercanos al abogado comentan que esto no permitía unificar los criterios del ente contralor, y que al cerrarla y crear otra figura, se permitió llegar a casos como la detección de irregularidades en Recoleta, Santiago, Las Condes y Vitacura, entre otras.

Pero el cambio no solo trajo nombramientos, sino que también bajas. Por ejemplo, se sacó de su cargo a Eduardo Díaz, jefe nacional de Auditorías -quien revisó, por ejemplo, el caso lío de platas-, pero además hubo un castigo económico: se le rebajó el grado de 12 a 8, lo que implica una reducción de su remuneración de manera considerable.

Con la creación de esta nueva división, en Contraloría pensaban que los cambios quedaban ahí, pero no. En minutos llegó una segunda y más profunda resolución, la número 2525, en que se cuestionaba la gran cantidad de funcionarios que existían en la jefatura de gabinete del contralor, por lo que decidió pasar de nueve unidades a solo tres, y para ello argumentó el buen control de los recursos públicos.

“Del análisis organizacional efectuado, se advierte que el Gabinete y la Secretaria General, para las labores de apoyo o soporte que realizan cuentan con una dotación de 363 personas con 42 jefaturas, en tanto que existen Unidades Jurídicas Regionales que solo cuentan con 2 o 3 abogadas u abogados cada una, para atender todas las consultas legales de los servicios públicos y de la ciudadanía, en sus respectivas regiones. Asimismo, existen Unidades de Control Externo a nivel regional que solo cuentan con 8 fiscalizadores, para examinar y controlar todas las entidades y recursos públicos en sus respectivas regiones”, se lee en la resolución.

Además de Díaz, también salieron de su cargo el jefe de Comunicaciones, Pablo Jamett; el jefe de gabinete de Bermúdez, Tomás Mackenney, y también Doris Roa de Auditoría Interna.

Conocedores de esas tratativas advierten que salió todo el círculo de hierro del excontralor, no solo por un tema administrativo, sino también por una “pasada de cuentas” por la pugna de Pérez con Bermúdez en la Corte Suprema, en 2018. Fue ese episodio -donde el máximo tribunal la afianzó en el cargo- que le dio un respiro tranquilizador hasta que ella decida irse del organismo, ya que no la puede remover su jefe.

Hasta la mañana de este martes 19 de diciembre la contralora (s) Pérez ya le había pedido el cargo a al menos 10 personas y ha hecho aproximadamente 50 ajustes de funciones y grados.

La resoluciones de Pérez no solo fueron comentadas en Contraloría, sino que también rondaron en La Moneda. En el gobierno aún no definen a quién proponer para llenar la vacante de contralor y, por lo mismo, lo que haga o no la abogada es un tema que preocupa.

Si bien el Ministerio de Justicia, ni el Senado, ni la Cámara, tienen facultades para frenar sus decisiones, igual se hizo un análisis de los documentos.

Fuentes de gobierno comentaron que “ella es la subrogante legal” y esperan que ejerza el cargo con prudencia. A primera vista, agregan que las resoluciones fueron fundadas correctamente pues se justifican en la buena gestión de recursos.

Además, subrayan que tanto la eliminación de divisiones, despidos y otras decisiones tampoco pasan, ni por el Ejecutivo ni el Congreso, sino que solo los tribunales en el caso de que alguien reclame una ilegalidad, como sucedió en el caso de la subcontralora.

Las llaves de Teatinos 56 ahora las tiene la contralora subrogante, quien lejos de administrar la institución hasta que se nombre al titular, está ejecutando cambios profundos que el gobierno mira, pero aún sin decidir a quién nombrar en el cargo.