“Hay irregularidades relevantes”: contralor Bermúdez confirma formulación de cargos contra Jadue tras sumario a Farmacias Populares

La tarde de este martes el contralor Jorge Bermúdez se refirió a la formulación de cargos que hizo la entidad que encabeza en contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y confirmó -tal como adelantó La Tercera PM- que se constataron “irregularidades relevantes” en millonarios traspasos de recursos desde el municipio a la Asociación de Farmacias Populares (Achifarp).

“Contraloría formuló cargos a 11 funcionarios, cuatro de Recoleta incluyendo al alcalde, precisamente por traspasos de dineros que se hicieron a la Asociación de Farmacias Populares. Los cargos son reservados, sólo los conocen los destinatarios de los mismos, pero esta es una notificación de cargos que hizo la Contraloría a partir de un informe de auditoría que también había hecho esta entidad, y que fueron notificados el 6 de julio”, manifestó el contralor.

En el mismo sentido, precisó: “Lo que hace la Contraloría es determinar si existen o no responsabilidades administrativas. Efectivamente hay irregularidades que son relevantes, pero no puedo dar más detalles ya que se abre ahora un periodo de descargos por parte de los inculpados -uno de ellos el alcalde- y luego se debe determinar cuál es la sanción”.

El monto objetado, conforme al detalle entregado por la autoridad, asciende a $ 600 millones. Y entre las irregularidades detectadas, dijo, se advirtió “falta de control, gastos no acreditados, convenios que faltan y falta de supervisión desde el punto de vista jerárquico”.

De acuerdo con lo expuesto por Bermúdez, tanto el alcalde Jadue como los otros 10 funcionarios tienen plazo hasta el jueves 20 de julio para hacer sus descargos.

Una vez estén esas exposiciones, la Contraloría podría proponer sanciones a los funcionarios de menor jerarquía. Y en el caso del alcalde, en tanto, el destino de su gestión recae en el concejo municipal.

Si al finalizar el sumario se acreditan finalmente las graves infracciones a la probidad que se han detectado, los ediles podrán llevar el caso al Tribunal Electoral Regional (TER) y solicitar su destitución.