En prisión preventiva quedaron este miércoles 6 de los 8 funcionarios del Juzgado de Policía Local de La Granja, imputados en el marco de un millonario fraude vinculado a demandas por cobros de TAG.

Esto, luego de que esta jornada la Fiscalía Metroplitana Sur culminara la formalización de los sujetos, acusados de falsificación de instrumento público y cohecho.

El fiscal de la Fiscalía Sur Christian Toledo, recordó que tales hechos “habrían ocurrido en los años 2019 y 2020, relativo a la falsificación de notificaciones y actuaciones realizadas en demandas por cobros de TAG, además de la falsificación de otros documentos de carácter público, con la finalidad de obtener beneficios económicos de carácter ilícito”.

Agregó que “referente a estas ocho personas, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de seis de ellos, y para los otros dos imputados se decretaron medidas cautelares de menor identidad”.

Entre los seis que quedaron con la máxima cautelar, se incluye a dos de los principales imputados: el exsecretario del tribunal Eduardo Moya Zamorano y el abogado Ricardo Matthews Ramírez.

El tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días.

El caso

Todo comenzó en octubre de 2020, cuando Felipe Ongaro asumió como juez de Policía Local de La Granja y, al revisar las causas del tribunal, detectó que en agosto de ese año se habían registrado un centenar de audiencias de comparendo en la misma fecha y hora.

Tras solicitar explicaciones al entonces secretario Eduardo Moya Zamorano, su explicación fue que se esperaba que la mayoría de los demandados por deudas de TAG no asistiera, tras lo cual apuntó al abogado Ricardo Matthews Ramírez como responsable de tales causas.

Este último, era el responsable de distribuir las miles de causas entre los funcionarios para cobrar tales diligencias con cargo a las autopistas, por las cuales algunos funcionarios llegaron a obtener más de $10 millones mensuales.

En uno de los casos denunciados, el 5 de septiembre de 2020, Matthews dijo haber notificado exitosamente a 45 demandados por Globalvía. En promedio, el abogado habría visitado un domicilio cada ocho minutos, labor por la que cobró a la autopista honorarios de $ 1.925.000 por sus servicios de notificador.

Con estos antecedentes, el juez Ongaro denunció un eventual mecanismo de tramitación irregular de miles de causas por deudas de TAG, lo que derivó en las detenciones y posterior formalización.