La jornada de este miércoles, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó una querella en contra de varios nombres vinculados al mundo jurídicos por presuntos delitos de corrupción en el marco de nombramientos en el Poder Judicial.

La acción penal del organismo que preside por la consejera Ana María Hübner, fue ingresada ante el Séptimo Juzgado de Garantía, en contra del exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa, los abogados Luis Hermosilla, Samuel Donoso y Mario Vargas, así como también contra el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber.

Los delitos a los que apunta la institución que representa al Fisco, en el caso de Ulloa, son los de eventual revelación de secretos, cohecho agravado y prevaricación judicial. Respecto a los abogados Hermosilla, Donoso, Vargas y Yáber, el CDE apunta al ilícito de soborno.

El ingreso de esta querella del CDE, según explican desde la institución, se da en el marco del denominado caso Audio, donde se pudieron conocer antecedentes respecto a presuntos delitos de corrupción en los nombramientos judiciales.

De esta manera, la querella apunta, según sostiene la institución, a que este tipo de hechos, además de ser ilícitos, afectan al Estado de derecho y la igualdad ante la ley.

Una red de corrupción

La acción del CDE, según se especifica a través de un comunicado, expone que existiría una presunta red de relaciones personales entre Hermosilla, Vargas y Donoso, entre otras personas, todos quienes habrían realizado gestiones en favor del nombramiento de Ulloa como integrante del tribunal de alzada de Santiago. Así como también de otros integrantes del Poder Judicial.

En la misma querella, el CDE describe las acciones que se llevaron adelante para beneficiar a Ulloa, quien -a su vez-, según el organismo, resolvió en favor de los intereses de dichos abogados, sin inhabilitarse a pesar de las vinculaciones personales existentes.

A Ulloa, el consejo presidido por Hübner también le atribuye haber entregado información reservada que obtuvo gracias a su rol de ministro en la Corte de Santiago, entre los que se encontraban antecedentes como acuerdos, votaciones y hasta asuntos internos y disciplinarios de la judicatura.

Además de eso, destaca la institución que representa al Fisco, se detectó que Yáber transfirió un total de más de $ 74 millones a Ulloa en un periodo de seis años, tiempo en que el removido ministro votó a favor de su nombre como conservador de Hipotecas y Gravámenes de Santiago.

La querella del CDE complica aún más la situación penal del exministro Ulloa. El removido juez lleva varios meses esperando que la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, presente la querella de capítulos en su contra. Ese es el paso necesario para que luego el Ministerio Público pueda proceder a la formalización del abogado.

En el caso de Donoso, el abogado pasará a estar bajo la lupa de la Fiscalía. Esto, debido a que con esta querella, el Ministerio Público deberá imputarle el posible soborno y con eso desplegar diligencias investigativas para indagar sus movimientos en las designaciones de jueces.

Donoso, en tanto, rechaza la embestida del CDE. “Jamás he proporcionado un beneficio al señor Ulloa, ni menos le he formulado la solicitud de alguna retribución, es una infamia pretender lo contrario. Una vez que conozca la querella ejerceré los derechos que me correspondan. Esta interpretación del delito de soborno es de un tremendo abuso. Llama la atención que las fiscales que investigan este caso sean las mismas con las que litigué tres años el caso SQM y las mismas a las que tengo denunciadas administrativamente por filtraciones en el caso de la senadora Flores”, afirmó el abogado.

La querella, que también salpica a Hermosilla, llega un día después de que la Fiscalía Oriente volviera a cerrar la investigación del caso Audio, una causa que se inició en 2023, que podría entrar en fase de preparación de juicio oral y en la que los persecutores solicitan una pena de 17 años.