En completo hermetismo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo liderado por Iván Poduje volvió a reingresar la propuesta de cambio a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) que había sido retirada de su toma de razón en la Contraloría General de la República la semana pasada.

La acción reciente molestó a los alcaldes, pues los jefes comunales habían visto el retiro del decreto como una oportunidad para hacerle modificaciones con un diálogo de por medio, luego de que advirtieran que la propuesta del Ejecutivo podría incentivar la creación de guetos verticales.

El alcalde de Estación Central -comuna “símbolo” de los guetos verticales- Felipe Muñoz Vallejos (ind FA), es uno de los más molestos. “Acá la cosa parece ser construir megaedificios cueste lo que cueste. Es indignante que, existiendo un compromiso de conversar con los municipios, el gobierno vuelva a ingresar a Contraloría el decreto que modifica la OGUC sin haber dialogado con nosotros y mucho menos con las comunidades. Una vez más, el Ejecutivo opta por gobernar mediante decretos en lugar de construir acuerdos”, dice.

Los cambios a las OGUC generan aprehensión por varios puntos: por un lado, se baja la cantidad mínima de habitantes por vivienda lo que podría incentivar crear más departamentos en el mismo espacio; ya no se obliga a las inmobiliarias a disponer de estacionamientos por cada departamento, lo que podría atochar las calles de autos; se aumenta la altura permitida por edificio, que podría incentivar la construcción de “mega edificios”; y por último también molesta que habrá menos requisitos para crear los “conjuntos armónicos”, que son grupos de inmuebles que se pueden saltar los requisitos.

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), señala lamentar “profundamente que el gobierno no haya tenido un diálogo con los alcaldes y alcaldesas antes de reingresar la ordenanza general de urbanismo construcción. No sabemos el contenido de esta ordenanza, pero, al menos, los contenidos anteriores generaban un gran detrimento en nuestras comunas. Espero que el gobierno haya enmendado el rumbo y lamento mucho de que no se haya generado una instancia de conversación para ver los detalles de este reingreso a la Contraloría”.

A nivel alcaldicio existe incertidumbre respecto del contenido y los cambios que le hizo el gobierno. La Tercera consultó al Minvu para conocer el contenido del decreto y los cambios propuestos, pero la cartera de Poduje declinó referirse al tema. De igual manera, desde la Contraloría aseveran que ese decreto todavía no ha sido publicado. A los jefes comunales les preocupa el tema, porque además se trata de un decreto administrativo, y no de un proyecto de ley que deba pasar por el Congreso Nacional.

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Gustavo Alessandri, señala que “como asociación pedimos reiteradamente sentarnos a conversar con el gobierno. Lamentamos que el documento haya entrado a Contraloría sin esa conversación. Seguimos con la mano extendida, todavía hay tiempo para incorporar la mirada de los municipios. Los cambios a la OGUC van a golpear directamente la gestión de los municipios de Chile”.

El cambio no solo le ha generado al gobierno un flanco con los alcaldes, sino que también dentro del propio Ejecutivo, pues se han revelado diferencias entre Poduje y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Esto, dado que existe la opinión que en este tema en concreto se impuso la visión del jefe de la billetera fiscal por sobre la de Poduje, dado que este último tenía algunas aprehensiones a los cambios, especialmente considerando su calidad de urbanista, mientras que Quiroz ha privilegiado su apuesta de reactivar al sector inmobiliario.

Entre los alcaldes también tenían esperanza de que la Contraloría encabezada por Dorothy Pérez le pusiera freno a algunas medidas, por eso la relevancia de saber concretamente qué cambios le hizo el Minvu al retirarlo. Durante el fin de semana en una entrevista al Diario Financiero Poduje dijo que se iban a recoger las aprehensiones de los alcaldes.

Igualmente, la máxima autoridad comunal de Padre Hurtado y presidente de la comisión de vivienda de la AChM, Felipe Muñoz Heredia (PS), dice que le “preocupa que el gobierno haya retirado el reglamento y vuelto a ingresarlo sin concretar la reunión comprometida con la asociación. Aquí hay un compromiso de diálogo incumplido, pero también un problema de fondo: se está avanzando en decisiones que impactarán durante décadas a nuestras comunas sin haber abierto el espacio de trabajo acordado con quienes conocemos sus necesidades y debemos responder ante sus vecinos”.

El experto en vivienda e investigador, Ignacio Aravena, dice que “liberar densidad va en la dirección correcta. Necesitamos construir más, especialmente en zonas metropolitanas donde el suelo es escaso y existen presiones al alza sobre los precios. Pero reemplazar un guarismo por otro no garantiza que eso ocurra. Los municipios pueden modificar sus planes reguladores para reducir densidades y constructibilidad y, además, los proyectos inmobiliarios no se localizan aleatoriamente. Más que fijar un número, necesitamos una mejor planificación urbana, que identifique dónde queremos crecer y genere los incentivos para que efectivamente se construya allí, lo que va más allá de un solo parámetro”.