El megaproyecto de transmisión eléctrica Kimal-Lo Aguirre enfrenta nuevos cuestionamientos en tribunales. A fines de la semana pasada, dos reclamaciones ingresaron al Tribunal Ambiental de Santiago en contra de la resolución del Comité de Ministros que resolvió rechazar los reclamos presentados frente a la RCA favorable de la iniciativa, desarrollada por el consorcio Conexión Kimal-Lo Aguirre, integrado por ISA Inversiones Chile, Transelec y China Southern Power Grid International.

Actualmente, el proyecto Kimal–Lo Aguirre registra un avance constructivo del 20,35%, con trabajos en más de 179 estructuras. Asimismo, los movimientos de tierra alcanzan un 99% de ejecución en la plataforma de la Subestación Convertidora Kimal y un 37% en la plataforma de la Subestación Convertidora Lo Aguirre. El proyecto contempla la construcción de 2.694 torres a lo largo de 1.346 kilómetros y contará con una capacidad de transmisión de hasta 3.000 MW.

La iniciativa, que totaliza una inversión por US$1.480 millones, recorrerá cinco regiones del país mediante una línea de transmisión de corriente continua que se extenderá por 1.346 kilómetros. Considera una superficie total de 788 hectáreas y casi 2.700 torres.

Las acciones judiciales, patrocinadas por el abogado Eugenio San Román y presentadas por la Comunidad Agrícola Tunga Norte y por adjudicatarios del Bien Común General N°5 de El Nilhue, acusan la ilegalidad de la resolución del Comité de Ministros.

Ambos reclamos apuntan a que el Comité de Ministros rechazó sus apelaciones con respuestas genéricas, sin revisar en detalle las observaciones que hicieron durante la participación ciudadana.

Las comunidades denuncian que la autoridad les entregó exactamente los mismos textos calcados, e incluso reutilizados entre comunas de distintas regiones, para responder a problemas que eran muy particulares de sus terrenos, como la construcción inconsulta de decenas de caminos nuevos, diferencias graves entre los planos presentados en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y los que maneja la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). A ello se suma la cercanía de torres de alta tensión a casas y la falta de análisis sobre cómo el megaproyecto interfiere con la minería y la vida local.

Las comunidades reclaman que la autoridad validó respuestas “estandarizadas, idénticas y remisorias” emitidas durante el proceso de Participación Ciudadana (PAC), las cuales habrían despachado en serie y sin un análisis particularizado de observaciones complejas sobre afectaciones prediales, redes de caminos nuevos y la convivencia de las obras con faenas mineras locales y zonas habitadas.

Asimismo, se solicitan medidas cautelares para suspender los efectos de la calificación ambiental de manera circunscrita a los predios afectados, advirtiendo sobre el riesgo de consolidar intervenciones irreversibles mientras se sustancia el juicio.

Resolución

Carola Venegas, gerente de Medio Ambiente y Comunidades del consorcio Conexión Kimal-Lo Aguirre, explicó a Pulso que “existen cuatro reclamaciones contra la resolución del Comité de Ministros que se pronunció sobre los recursos administrativos y mantuvo la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Kimal-Lo Aguirre. Estas acciones forman parte de las instancias que contempla la institucionalidad ambiental y, desde Conexión, respetamos el derecho de las personas y comunidades a ejercerlas. Ello no impide que sigamos construyendo vías de diálogo”.

“El proyecto se encuentra hoy en construcción, tras obtener su RCA en noviembre de 2025, luego de un proceso de evaluación que incluyó dos instancias de participación ciudadana y en las que participaron 320 observantes. Kimal-Lo Aguirre es infraestructura clave para la transición energética del país, y la ejecutamos bajo estándares ambientales y sociales exigibles y verificables”, añadió.

Detalles

Según el escrito presentado por la Comunidad Agrícola Tunga Norte en la evaluación ambiental del proyecto no hubo un análisis profundo sobre las características del proyecto.

“De las 54 respuestas entregadas a esta parte, únicamente ocho, las correspondientes a las observaciones contienen alguna referencia a la comunidad o a su predio. Las restantes se responden en términos enteramente genéricos, comunes a la totalidad del trazado de 1.346 kilómetros, pese a que el deber de análisis particularizado se encontraba activado por el reconocimiento expreso de la intervención del predio en el propio expediente”, consignó el escrito.

En la otra reclamación, Domingo y Patricio Herrera y Juan Cruz también cuestionaron la estandarización de las respuestas que recibieron ante los cuestionamientos planteados a la iniciativa.

“Estandarización masiva: respuestas construidas sobre el texto entregado a otra comunidad. La revisión comparada practicada por esta parte sobre el propio Anexo PAC 2.4 arroja un resultado categórico: de sus 51 respuestas, 13 son literalmente idénticas —palabra por palabra y con la misma extensión— y otras 18 presentan una identidad textual casi completa a las entregadas a la Comunidad Agrícola Tunga Norte (Observante 144), a lo que se suman otras 8 con coincidencia sustancial de texto, 39 de 51 respuestas construidas sobre el mismo texto”, concluyó.