Las claves del proyecto de ley con el que Justicia busca mejorar el registro nacional de pedófilos

Hace unas semanas el Gobierno ingreso al Parlamento un proyecto de ley que busca mejorar el registro nacional de pedófilos, el cual ha presentado serios problemas en la actualización del listado de las personas condenadas por delitos sexuales contra menores.

A dicha iniciativa ingresa en el Congreso se suma las gestiones realizadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con el Registro Civil para subsanar la desactualización del mencionado registro.

"Hemos abordado este tema desde una perspectiva administrativa, es decir, conectar al Registro Civil con los tribunales, para asegurar que no hayan lapsus o brechas en la información que se traspasa de un lado a otro y así asegurar que el 100% de la información llegue y se registre como corresponde", explicó el ministro de Justicia, Hernán Larraín.

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El titular de la cartera informó, además, que dentro del proyecto de ley que ingresó al parlamento hay cinco puntos claves que reforzarán el registro y así evitar que siga presentando inconvenientes.

Para ello la idea del gobierno es que se establezca el deber de los fiscales de solicitar siempre la pena de inhabilitación absoluta perpetua para trabajar con menores de edad contra quienes ean condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y jóvenes. Pero también se incorpora regla excepcionalísima, para que los fiscales impugnen aquellas sentencias anteriores que no fijen las penas de inhabilitación absoluta perpetua.

También se recomienda que el Fiscal Nacional emita un informe anual con las causas de condena por delitos sexuales contra menores, documento que deberá ser publicado por la Fiscalía, el ministerio de Justicia en sus respectivas páginas web.

Otro de los puntos del proyecto es que la Corte Suprema dicte un protocolo para que las sentencias de condena por este tipo de ilícitos sean comunicadas al Registro Civil. También la iniciativa busca crear el Registro de Inhabilitaciones Perpetuas.

Finalmente, con el proyecto las Seremías de Educación y de Transportes y Telecomunicaciones, de todo Chile, además de la Superintendencia de Educación, podrán tener acceso a los dos registros y así controlar que los centros educacionales no cuenten con personal que haya sido condenado por estos delitos, lo que también podrá ser aplicado a los transportistas escolares.

Durante esta mañana los diputados RN Marcela Sabat y José Miguel Castro se reunieron con el ministro Larraín para pedirle celeridad al proyecto que busca sancionar a los jueces que no actualicen y remitan a los tribunales las penas accesorias , como la inhabilidad de trabajar con menores.

"Estiman que esta iniciativa es muy buena, y además no sólo nos preocuparemos de las posibles sanciones o multas que pueden recibir los jueces, sino que además podríamos incorporar que el registro sea perpetuo, lo que significaría en la práctica que una persona condenada por violar a un menor de edad o abusar de él nunca salga de esta base de datos y de por vida no pueda tener contacto con niños en su trabajo", afirmó Marcela Sabat.