Más de 750 personas y deudas por más de $ 3.200 millones: PDI sale a buscar a morosos de pagos de cotizaciones previsionales a sus trabajadores

La Jefatura Nacional de Delitos Económicos y Medio Ambiente de la policía civil inició hace unos días un trabajo para levantar la información de todas las órdenes de detención vigentes que hay en el sistema por no pago de cotizaciones. La idea es colaborar en el proceso de cobro del 10% de las AFP y poner a disposición de los tribunales a este tipo de deudores.




La aprobación de la ley que permite el retiro del 10% de las AFP ha generado una serie de otras consecuencias, tanto en el Poder Judicial como también en la policía. Ese es el caso de la Jefatura Nacional de Delitos Económicos y Medio Ambiente (Jenadem) de la PDI. Hace una semana, luego de que se promulgara la normativa, la Jenadem comenzó a hacer un trabajo de revisión de todas las órdenes de detención que hay vigentes en el sistema, respecto de empleadores que son deudores del pago de las cotizaciones previsionales para sus trabajadores.

Esto, debido a que la ley 17.322 sobre cobranza judicial de cotizaciones establece que “el empleador que no consignare las sumas descontadas o que debió descontar de la remuneración de sus trabajadores y sus reajustes e intereses penales, dentro del término de quince días, contado desde la fecha del requerimiento de pago si no opuso excepciones, o desde la fecha de la notificación de la sentencia de primera instancia que niegue lugar a ellas, será apremiado con arresto, hasta por quince días. Este apremio podrá repetirse hasta obtener el pago de las sumas retenidas o que han debido retenerse y de sus reajustes e intereses penales”.

Por eso, explica el prefecto inspector y jefe de Jenadem, Jaime Ansieta, “lo que hicimos fue buscar todas aquellas órdenes de detención que no han sido canceladas y siguen vigentes para ejecutarlas y poner a esas personas a disposición de la justicia”.

“Nos dimos cuenta que mucha gente a lo mejor va a ir a mirar hoy día sus cotizaciones pensando que tiene una determinada cantidad para calcular el 10%, pero resulta que esa cantidad no va a estar o bien la AFP le va a notificar que tiene muchos meses impagos. Entonces ante ese escenario, previendo esta situación, es que decidimos salir”, asegura Ansieta.

Así, la PDI detectó más de 750 personas en todo el país que deben el pago de cotizaciones a sus trabajadores. Esta deuda, de acuerdo a los montos señalados en dichas órdenes de detención, suman más de $ 3.200 millones. “Vimos esta oportunidad para actualizar este tema de las órdenes de detención para poder colaborar con el proceso del cobro y del acceso al pago que podrían tener las personas considerando la situación que se vive en el país”, agrega Ansieta.

El juez laboral del 2º Juzgado del Trabajo de Santiago, Álvaro Flores, explica que “cuando se declara que hay deuda previsional o un empleador declara las cotizaciones, pero no las paga, se da un cierto plazo establecido por ley. Si no hay pago y hay un vacío los órganos previsionales emiten un título que contiene la deuda en cuestión. Con ese título los abogados dedicados a la cobranza previsional se van a los juzgados de cobranza”.

Pero la particularidad de este tema, agrega el magistrado, es que considera una orden de apremio: “La demanda opera como un cobro ejecutivo, con embargo, pero tiene un elemento bien poderoso que es el arresto como apremio. O sea arrestar al deudor para que dentro de un plazo variable de uno a diez días, pueda pagar lo que debe. Por eso hay tantas órdenes de arresto”. Sobre esta iniciativa de la PDI Flores añade que “es parte de la labor que les corresponde, que es cumplir con los mandatos de los tribunales”.

Con todo, el prefecto Ansieta comenta que más allá de las detenciones, lo que se busca es que los trabajadores tengan los fondos previsionales que les corresponden: “Si la gente se entera que puede pasar detenida podría acelerar sus pagos. El ideal es que salden su deuda, así nos evitamos esto y la gente verá en su AFP la totalidad de los recursos que le pertenecen”.

409.688 solicitudes de retención al Poder Judicial

Durante la mañana de hoy, la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, informó que al 3 de agosto los tribunales de familia han recibido 409.688 escritos solicitando la retención judicial del 10% para aquellas personas que son deudores de la pensión de alimentos.

Todo eso, según los registros del Poder Judicial, se traduce en 229.402 causas por alimentos posiblemente incumplidos y un total de 214.703 personas demandadas. La diferencia, explicó Chevesich, se debe a que varias personas duplicaron sus escritos en la misma causa, de hecho han habido casos en que se presentaron hasta cinco solicitudes por el mismo tema.

De todo esto, hasta el lunes 3 de agosto se habían enviado 22.786 cautelares a las AFP, a través de Previred. Hoy martes se espera enviar otras 142.217 y el resto dejarlo listo el miércoles. “El Poder Judicial ha estado trabajando arduamente para que las presentaciones efectuadas por los alimentarios sean conducidas rápidamente a las respectivas administradoras de fondos de pensiones”, recalcó hoy la ministra Chevesich.

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