Oficina del Alto Comisionado de la ONU recaba antecedentes por solicitud de remoción contra consejera del INDH

La solicitud de remoción fue anunciada por parlamentarios de la UDI en contra de Constanza Valdés, a quien reprochan por sus cuestionamientos a Carabineros, Fuerzas Armadas y contra la administración del expresidente Sebastián Piñera.


Producto de la solicitud de remoción que anunciaron parlamentarios de la UDI en contra de la consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Constanza Valdés, la profesional de reunió con representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los DD.HH. de Naciones Unidad, entidad que se encuentra recabando antecedentes sobre acción de los diputados.

De acuerdo con las alegaciones hechas por representantes gremialistas, la designada consejera no daría garantías de que deliberará con imparcialidad, dados los fuertes cuestionamientos que, según ellos, ha esbozado en contra de Carabineros, de la PDI y del expresidente Sebastián Piñera con posterioridad al estallido social de 2019.

Ante esos planteamientos, Valdés -que entregó antecedentes al respecto ante Naciones Unidas tras conocer la arremetida en su contra-, fue citada por los representantes, para así disponer mayores detalles de la situación, pues según ella se estaría intentando coartar su libertad de expresión.

Tras la cita, ONU Derechos Humanos informó que documentó los antecedentes recibidos y señaló que continuará dando seguimiento al caso. “La Oficina notó que la libertad de opinión y de expresión se erige como piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas, abarcando el pensamiento político, los comentarios sobre los asuntos propios y los públicos, y la discusión sobre derechos humanos, entre otras materias, tal como ha indicado el Comité de Derechos Humanos en su observación general N° 34″, indicaron por medio de un comunicado.

Asimismo, recordaron que “de conformidad con los “principios relativos al Estatuto de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos” (conocidos como Principios de París), los Estados deben garantizar y respetar la independencia y autonomía de las instituciones nacionales de derechos humanos, elementos necesarios para que puedan desempeñar correcta e imparcialmente su función esencial de protección de los derechos de todas las personas”.

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