Agroindustria en picada contra "impuesto verde" de la Reforma Tributaria

A partir del 1 de enero de 2017 todas las empresas que cuenten con fuentes fijas (calderas o turbinas), que en conjunto sumen una potencia mayor o igual a 50 megavatios térmicos (MWt), deberán empezar a medir sus emisiones contaminantes de material particulado (MP), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SOz) y dióxido de carbono (CO2), según se estableció en la Reforma Tributaria aprobada en 2014.

Así, y en base a esta medición, en 2018 entrará en vigencia una de las últimas alzas de impuestos consideradas por la reforma, respecto a la cual se espera recaudar 0,07% del PIB, en torno a $ 92.413 millones (unos US$ 132 millones).

A pesar de que han transcurrido más de dos años desde la promulgación de la normativa, en los últimos meses se ha abierto una dura batalla entre la industria de alimentos y el gobierno, la cual se desató a fines de mayo cuando el Ministerio de Medio Ambiente notificó al sector que serían afectados por el nuevo tributo.

Según cálculos de Chilealimentos, gremio que reúne a algunas de las principales firmas del sector, el efecto del alza del "impuesto verde" alcanza en algunas empresas a niveles de tributación de entre 25% y 30% del total de sus ingresos, lo que obligaría a una paralización de instalaciones "en lo inmediato" o a reducir el tamaño de éstas en otros casos.

Pero no sólo la industria de alimentos sería directamente afectada, dado que el mundo agrícola destina gran parte de su producción a estas empresas. De hecho, Chilealimentos calcula que un 54% de la producción de manzanas, uvas, tomates y duraznos conserveros a nivel nacional tiene como destino la agroindustria, alcanzando 2.339.295 toneladas. Así, en términos de empleo se estima que podría afectar potencialmente a 98.607 trabajadores del sector del agro, 15.000 de estos directamente ligados a las plantas de proceso.

Frente a este escenario, Juan Manuel Mira, director de Chilealimentos, declaró que "nos parece incomprensible que por un lado el Gobierno declare su voluntad de convertir a nuestro país en una potencia agroalimentaria y, por otro lado, se le pretenda aplicar este impuesto que viene a afectar seriamente la competitividad del sector y desincentiva nuevas inversiones".

Gestiones en Contraloría

Más allá de que la Superintendencia de Medio Ambiente publicó el 18 de noviembre una Resolución Exenta con la aplicación de la norma técnica en Diario Oficial, mediante la cual se aprueba el "Instructivo para la cuantificación de las emisiones de fuentes fijas afectas al impuesto del artículo 8° de la Ley N° 20.780 (Reforma Tributaria), desde Chilealimentos aún esperan la toma de razón de la Contraloría del reglamento que regirá finalmente la aplicación de la normativa, lo que debería ocurrir la próxima semana.

En este sentido, el gremio empresarial apuesta a que se rechace el reglamento en base a una notoria desproporcionalidad del gravamen, basado principalmente en que la emisión de contaminación se encuentra concentrada en sólo 3 o 4 meses, que es cuando se cosechan frutas y hortalizas, mientras que otras industrias -como la de generación de energía- lo hacen a lo largo de todo el año.

"Siempre entendimos que era un impuesto que estaba pensando para ser aplicado a las grandes generadoras de energía", afirmó Mira. Solo como ejemplo, se indicó que las cuatro generadoras principales del país acumulan una potencua bruta de entre 1.652 y 3.281 MW, mientras que la agroindustria anota un promedio anual de 20 MW.

Así, el gremio envió a Contraloría una carta donde argumentan además una discriminación ante la ley, ya que se excluye del pago del impuesto a las empresas que operan con hornos, fundiciones, y que usan biomasa como combustible. Además, remarcaron que Chilealimentos ha ejecutado dos Acuerdos de Producción Limpia, que han significado una disminución de 33% de uso de energía por parte de la industria y una baja de 71% del consumo de agua, entre otros. Además, recientemente se firmó el tercer Acuerdo de Producción Limpia, programa en conjunto con Corfo y el Ministerio de Economía, donde una de las metas planteadas es la disminución de 10% del CO2 emitido.

Entre otras gestiones, el gremio espera alguna respuesta del Servicio de Impuestos Internos, a quienes solicitan una revisión de la aplicación jurídica de la norma, dado que no deberían ser afectados por un impuesto anual. Además, esperan la conformación de una mesa técnica comprometida por el Ministerio del Medio Ambiente, si bien se adelantó que sería más bien informativa. Consultados respecto a la aplicación de la normativa, y el establecimiento de esta mesa, la superintendencia del ramo optó por no responder hasta que esté resuelta la toma de razón de Contraloría.