Dicom vuelve a registrar dos millones de deudores a nueve meses de nueva ley

Un total de 1.956.000 personas morosas estaban al 20 de noviembre pasado en los registros de morosidad de Dicom, cifra que representa casi 50% de los RUT que se encontraban en la base de datos antes de que entrara en vigencia la Ley 20.575.

Hasta el 16 de febrero había 4.056.000 personas en Dicom y tras el "borronazo", que se activó el 18 de ese mes, quedaron 1.125.000 RUT en los registros. En sólo dos días se excluyeron de la base de datos de morosidad a más de tres millones de deudores, que tenían individualmente montos impagos menores a $ 2,5 millones.

A nueve meses de vigencia de la nueva ley, unas 830 mil personas se han incorporado a las bases de datos de morosidad, aseguran fuentes de la industria financiera.

Si bien la nueva normativa borró los registros, también determinó que si los deudores no regularizaban su situación, volverían a estar en las bases de Dicom.

Al 3 de julio pasado, casi cinco meses después de la nueva ley, los registros llegaban a  1,6 millón, lo que implicaba que habían regresado 500 mil personas.

Un ex regulador comenta que cuando en 2001 el gobierno de Ricardo Lagos también borró los datos de morosidad, al final del primer año había vuelto el 40%. "En nueve meses ya ha retornado el 33,3%. Estamos en una curva bien parecida a la de la vez anterior".

Según datos que maneja la banca, esa vez el 75% de las personas volvió a aparecer en el sistema.

En tanto, un ejecutivo del sector retail explica que entre los principales motivos por los que la gente vuelve a entrar es porque no regulariza su situación de morosidad. Agrega que existe un grupo de gente entrante independiente del borronazo, pero que, a la vez, hay personas en Dicom por deudas de servicios públicos, un grupo muy probable que no vuelva a entrar. Por esto, explica que la base de datos nunca volverá a ser la misma.

Mirada de la industria

El ex superintendente de Bancos Guillermo Ramírez es enfático al señalar que este resultado era esperable y que es probable que el resultado sea similar a la experiencia anterior. Agrega que  este tipo de ley son actos administrativos, "perdonazos estadísticos", porque no cambian hábitos, ni la capacidad de pago de los deudores con problemas.

Sin embargo, detecta un problema mayor: "Tiene el grave inconveniente de que echa a perder las bases de datos para el credit scoring, lo que termina perjudicando a las personas más cumplidoras y responsables".

Por eso, afirma que el principal problema es la consecuencia que tiene para los buenos pagadores.

Ramírez explica que a falta de información, los oferentes de crédito incorporan este mayor riesgo en las tasas o elevan las restricciones para dar préstamos.

El ex supervisor de la banca indica que se le ha "quitado prestigio al Dicom, porque la gente piensa que después va a venir otra ley de blanqueo y se acabó la cosa. No obstante, el aspecto positivo es poder sacar a un núcleo menor que tuvo un único traspié".

Para el presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Awad, "esta readecuación demuestra, cada vez más, que los borrones intempestivos y arbitrarios desconocen la realidad, porque ya en el período de enero a octubre se ha recuperado 33% de quienes se habían eliminado. Entonces hay que reconocer las variables naturales de los procesos de cobranza".

En tanto, el timonel de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Carlos Eugenio Jorquiera, señala que el aumento de casi 50% de deudores desde la Ley Dicom "habla de la falta de visión de los impulsores de una normativa de esa naturaleza".

Es crítico al señalar que esta ley "se trata de una medida de carácter electoral y populista y lo que sucede con los resultados es que no ha cambiado en nada ni ha mejorado nada. Se requiere más realismo al legislar".