El millonario fraude tributario del grupo Errázuriz según el SII

El Servicio de Impuestos Internos se querelló contra seis empresas vinculadas a la familia del ex senador y ex candidato presidencial, debido a diferentes delitos tributarios. Las acusa de crear empresas fantasmas, usar facturas falsas y simular transacciones con su producción de yodo. El perjuicio fiscal ascendería a unos US$ 81 millones.




Las investigaciones comenzaron en 2012. Primero como un análisis de los que el Servicio de Impuestos Internos (SII) realiza de forma rutinaria y periódica a los grandes contribuyentes. Y después, como una investigación reservada a cargo de un equipo especializado. A poco andar, a los fiscalizadores no les cuadraron las solicitudes de devolución de tributos por parte de algunas empresas de la familia del ex candidato presidencial y ex senador, Francisco Javier Errázuriz.

En tan sólo unos meses, los peritos de la entidad se convencieron de que algo andaba muy mal en las solicitudes de devolución de IVA exportador y uso de pérdidas tributarias por parte de ese conglomerado. Tenían la presunción  de que estaban enfrentando un fraude fiscal de proporciones: $ 48.000 millones, unos US$ 81 millones.

En febrero de 2013, algunos ejecutivos del grupo Errázuriz fueron citados a declarar al SII. Uno a uno fueron entregando sus testimonios en relación con las incongruentes cifras de ventas y compras de yodo realizadas por las empresas del holding. En el SII no entendían por qué algunas unidades del grupo, cuyos giros eran la venta de vehículos (Cidef),  construcción (Inaco) y pesca (Frater), figuraban tan activas en la intermediación de esta materia prima, producida por otra firma del holding, llamada Cala Cala. Al SII tampoco le hacía sentido que el commodity que salía de la pampa nortina a un precio de US$ 20 el kilo llegara a puerto a US$ 52 por kilo, sin que entremedio el producto haya sufrido  transformación alguna o se hubieran producido hechos que cambiaran tan radicalmente su cotización. En cosa de días, el químico subía 160%.

El objetivo de esta "inflación" era aprovechar las ventajas tributarias, aseguró el SII en la querella presentada ante el 7° Juzgado de Garantía el 7 de noviembre pasado en contra del grupo Errázuriz.  A juicio del organismo, el conglomerado montó una sofisticada estructura de ingeniería tributaria y financiera de transacciones entre empresas relacionadas con la única intención de defraudar, sirviéndose de pérdidas tributarias acumuladas y devoluciones de IVA exportador. La investigación abarca el período comprendido entre los meses de enero de 2011 y mayo de 2012.

Ningún portavoz de la empresa estuvo disponible para hablar con La Tercera al respecto, pero, fuentes cercanas dijeron que el conglomerado siempre ha hecho frente al pago de todos sus impuestos y obligaciones. Hasta el cierre de esta edición, el equipo jurídico defensor de Errázuriz para este caso no terminaba de ser configurado.

De acuerdo con la normativa vigente, los responsables de estos delitos arriesgan penas de hasta 15 años de cárcel y multas que podrían llegar hasta el 400% del monto defraudado.

Todo, en medio de un escenario político económico marcado por la decisión del gobierno de incrementar la fiscalización a los contribuyentes para reducir la elusión y evasión de impuestos. De hecho, la recientemente aprobada reforma tributaria limitó el uso de las pérdidas tributarias.

OPERACIONES SIMULADAS

Actualmente, el grupo de empresas Errázuriz es comandado por Francisco Javier Errázuriz Ovalle, ingeniero comercial de 41 años, quien trabaja hace 18 años dentro del grupo y que se hizo conocido en 1998, cuando -junto a su padre- se vio envuelto en una pelea con un abogado de Endesa en un campo de la VI Región. En 2012, volvió a la escena pública cuando el grupo -en sociedad con la coreana Samsung- participó en la fallida licitación del litio y después se querelló contra SQM, acusando a esa firma de ocultar la existencia de litigios con el Estado para ganar el concurso.

En abril de 2012, el Instituto Médico Legal determinó que Francisco Javier Errázuriz Talavera no estaba en condiciones de salud para enfrentar más juicios. Tras un acuerdo familiar, el siempre mediático Fra-Fra Errázuriz dejó atrás una vida empresarial y política llena de polémicas y conflictos. Se retiró a su casa en San Damián, en Las Condes, donde vive asistido por un equipo de enfermeros. En febrero de ese mismo año, su hijo del mismo nombre asumió el mando de los negocios y el grupo se sumió en el hermetismo. Mientras, en paralelo, el SII investigaba.

En la primera semana de noviembre la autoridad tributaria presentó la querella contra los representantes legales de Atacama Chemical, Cidef Comercial, Inmobiliaria y Constructora Nacional, Frater and Holding, Holding and Trading y Sociedad Contractual Minera Compañía de Salitre y Yodo Cala Cala. Se trata de Francisco Javier Errázuriz Ovalle, Antonio Sepúlveda, Eduardo Viada, Eliecer Fuentes, Carlos Contreras, Emilio Sarantini, Guillermo Rodríguez, Gonzalo Landaeta y Hernán Mora. Una semana después, la fiscal de la zona Centro Norte, Ximena Chong (ver recuadro), allanó las oficinas del grupo, llevándose importante documentación.

Según la indagatoria de la entidad tributaria contenida en uno de los informes que sustentó el libelo, la sociedad Atacama Chemical informó haber efectuado exportaciones de yodo que le compró a Cidef Comercial, la que a su vez lo habría adquirido de otras sociedades del grupo como Holding and Trading, Inaco y Frater. La materia prima provenía de minera Cala Cala. Y todas esas firmas tenían la particularidad de registrar pérdidas tributarias y, por ende, un abultado crédito fiscal: es decir, podían generar devoluciones de impuestos o ser utilizadas para rebajar el pago de éstos.

El problema que encontró el SII fue que gracias a esas características, el grupo Errázuriz pudo ir rebajando la carga impositiva de sus empresas, en especial de Cala Cala y Atacama. ¿Cómo? Se elevaba artificialmente el precio  del yodo y así Atacama "acreditaba un alto costo de venta" y obtenía devoluciones de IVA exportador, "absorbiendo las intermediarias los impuestos correspondientes a la operación por el traspaso del material que, en definitiva, resultó ser sólo contable, sin ningún sentido comercial", indica la querella.

"PARTE DE LA CULTURA"

"La función de las empresas intermediarias Cidef Comercial, Holding and Trading, Inmobiliaria y Constructora Nacional, y Frater Holding es solamente trader, es decir, comprar y vender, son intermediarias que se usan en la medida que tengan pérdidas tributarias, parte de la cultura organizacional de este grupo que fue diseñada por el dueño de la empresa, Francisco Javier Errázuriz Talavera, Alvaro Puelma y otros, en el sentido que cada negocio debiera aprovechar las pérdidas tributarias del grupo de manera que éstas sustentaran las eventuales utilidades de otra...", dijo Eduardo Viada, representante legal de Atacama Chemical, Cidef Comercial y Holding and Trading, a los fiscalizadores, el 28 de febrero de 2013, para explicar las operaciones cuestionadas. Según fuentes ligadas al proceso, esa fue una de las declaraciones que ayudó a sustentar el caso.  Pero no la única. Los inspectores del SII reunieron antecedentes mediante nuevos interrogatorios.

Carlos Contreras Quispe, representante legal de Cala Cala, dijo que "no tengo una explicación razonable que dar, desconozco por qué se utilizan los intermediarios, siendo que el producto final es el mismo. No sé qué harán Cidef o Frater con el producto. Las facturas de Cidef, Frater y Holding no son emitidas por nosotros, vienen de Santiago de decisiones del grupo Errázuriz y nosotros no interferimos en esta situación".

En sus declaraciones, los ejecutivos también confirmaron un elemento que la querella del SII destaca en varias oportunidades: todas las empresas investigadas tenían el mismo contador y el mismo equipo de abogados. Además, sus domicilios son similares: Amunátegui 178, un edificio en el corazón de Santiago donde Errázuriz Talavera tuvo siempre su oficina.

Según la querella del SII, apenas las firmas cuestionadas supieron de la fiscalización, el yodo dejó de pasar por tantas intermediarias.

EMPRESAS FANTASMAS

En su indagatoria, el SII descubrió que siempre el yodo terminaba en manos de Atacama Chemical, una exportadora que entre 2012 y 2013 no registraba trabajadores con remuneraciones, sino que sólo un empleado a honorarios. La abogado Pamela Clunes, quien figuraba como representante legal de esa firma, aclaró a los funcionarios del SII que ella trabajó "para el holding de empresas Errázuriz, entre las que estaba Atacama Chemical", según puede leerse en la querella.

Atacama Chemical es acusada por el SII de tener un rol estelar en la trama, "con fines puramente evasivos de impuestos". La firma inició actividades en diciembre de 2002 y mientras en el año tributario 2011 pedía $ 11.517 millones en devolución de impuestos, al año siguiente sólo solicitó la mitad. Pese al nivel de exportaciones de los años previos, en junio de 2012 dejó de registrar envíos al exterior. Según la querella, eso obedeció a que una vez "detectado el plan evasivo, el grupo Errázuriz decidió cambiar la empresa que canalizaba la exportación, evadiendo la acción fiscalizadora" del SII.

Para mantener su esquema, el grupo empezó a operar con otra de sus firmas: Coyasach Nitratos. "Por  razones de un IVA retenido se cambió la sociedad exportadora y se comenzó a operar por la empresa Coyasach Nitratos", dijo a los fiscalizadores el encargado de exportaciones de Atacama Chemical, John Porter. Esta versión fue ratificada en octubre de 2013 por Emilio Saraniti, representante legal de Holding and Trading y Cidef: "La empresa Atacama Chemical dejó de exportar, porque el SII le retuvo la solicitud de devolución de IVA exportador en diciembre de 2012", señaló. Con sus declaraciones, los ejecutivos reforzaban la noción de que el grupo estaba buscando los agujeros del sistema fiscal para beneficiarse de estas grietas y así rebajar sus pagos u obtener dinero fresco.

Pero eso no fue todo. De las mismas páginas contables de esta sociedad saltó otra sorpresa: Coyasach Nitratos Europa, una firma sin pasado y con un nombre sospechosamente similar a otra firma del grupo Errázuriz, Coyasach Nitratos. Esta empresa aparece comprando yodo a precios bajísimos.

Entre enero de 2011 y mayo de 2012, el grupo Errázuriz le vendió  yodo a esa firma "extranjera". Pero nunca se hallaron los comprobantes de pago o de ingreso de divisas. "Todo lo anterior demuestra que las facturas de exportación son falsas, ya que contienen operaciones ficticias", indica la querella en su página 28.

A medida que la indagación  avanzaba, Porter reconoció que "Coyasach Nitratos Europa es un consignatario, esa sociedad no existe en Europa, no tiene calidad legal, es un nombre de fantasía", relató. Y añadió que  cuando él comenzó a trabajar para el grupo Errázuriz, en 2006, hubo un problema con un cargamento destinado originalmente a Estados Unidos. Debido al riesgo de no pago, el yodo fue desviado desde Panamá, donde se encontraba en tránsito hacia Europa, a una sociedad recién creada por el mismo grupo, Coyasach Nitratos Europa. El yodo llegó a Amberes, en Bélgica, y estuvo en bodega hasta que la química holandesa Norkem Limited lo compró 60 días después.

Por lo mismo, Porter aseguró que probablemente las facturas a Coyasach Nitratos Europa fueron mal emitidas.

De acuerdo con la indagatoria, sólo Atacama Chemical produjo un perjuicio fiscal de $ 32.701 millones.

GUÍAS Y FACTURAS INEXISTENTES

Según relata la querella, los fiscalizadores, además, se encontraron con que faltaban varios documentos como guías de despacho o facturas que acreditaran el movimiento del yodo en las transacciones cuestionadas. Hay operaciones de Cala Cala vendiéndole a Holding and Trading que carecen de documentos que respalden las transacciones. Tampoco hay como justificar -contablemente- que el yodo aparecería después en las cuentas de Cidef.

Algo parecido sucede con una operación realizada en diciembre de 2011, en la que Cala Cala le vende a Frater Holding nada menos que 35 mil kilos de yodo. No hay guías de despacho que respalden ese negocio en circunstancias que mover esas 35 toneladas no podría haberse hecho de un sólo viaje, "lo cual resulta imposible materialmente", dice el libelo. Y así, hay cientos de incongruencias.

La situación siguió manifestándose cuando los fiscalizadores revisaron los documentos aduaneros de exportación. No coinciden fechas ni montos. Incluso, figuran vendidas cargas de yodo que no estaban disponibles. Al parecer, a pesar de su sofisticación, la ingeniería tributaria no era tan perfecta.

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