ISP vendió más de 235 mil animales para pruebas científicas durante 2016

La institución recibió sobre $ 384 millones por este concepto. Ratones, cobayos y conejos son algunas de las especies comercializadas. Instituto de Salud Pública aseguró que sólo universidades, laboratorios y empresas pueden adquirir ejemplares.

Más de 235 mil animales de laboratorio vendió el Instituto de Salud Pública (ISP) en 2016, tanto a universidades como a organismos privados. Por este concepto, el ISP recaudó $ 384.595.658, según los antecedentes que La Tercera obtuvo a través de la Ley de Transparencia.

Los animales en venta provienen del Centro Productor de Animales de Laboratorio (CPAL), que funciona desde 1974. Ratones, cobayos y conejos son las especies que están disponibles para la venta, pero con restricciones, según detalla el ISP: “Las personas que adquieren animales deben pertenecer a una casa de estudios superior, laboratorio o empresa que demuestre un uso justificado de los animales, idealmente proyectos de investigación que han sido aprobados por comités de bioética”.

Sus precios van desde $ 105 a los $ 17.000 y se ajustan según el Indice del Precios al Consumidor (IPC). Si en 2015 la entidad pública vendió 155.246 animales, en 2016 esta cifra llegó a 235.510, es decir, registró un incremento de 52%.

En tanto, la identidad de quienes realizaron estas compras es desconocida, pues la mayoría prefiere recurrir al anonimato y ampararse en el Artículo 21 de la Ley Sobre Acceso a la Información Pública.

Una de las razones que explicarían el incremento de las ventas de estos animales sería “la intensificación de la vigilancia de marea roja por parte del Ministerio de Salud, debido a la emergencia sanitaria ocurrida el año pasado y a la tendencia creciente de este fenómeno natural”.

Sobre el uso de estos especímenes, en el sitio web del CPAL aseguran que los animales producidos son “requeridos por la institución para fines de controles, vigilancia y diagnóstico”.

Visiones

La industria cosmética es una de las que participan en este tipo de compras, a fin de probar si sus productos son o no dañinos para los humanos.

Sobre esta práctica, David Gómez, vocero de la ONG No Más Vivisección, dijo que “estas pruebas son para verificar la toxicidad de productos, por lo que se somete a los animales a compuestos que les producen irritación en sus ojos o piel. En otras pruebas, se les da a ingerir el compuesto para revisar sus efectos o la dosis letal mínima. Estos test son sumamente invasivos y dolorosos, implican heridas, laceraciones y dolores intensos”, aseguró Gómez.

Para la abogada Carolina Leiva, magíster en Derecho Animal de la Universidad Autónoma de Barcelona, el uso de animales para calificar los productos es injustificado, pues “tenemos la certeza a nivel internacional de que no es necesario testearlos en animales. Para esta industria existen otros métodos de reemplazo y que son más correctas en su predictividad de daños para el ser humano”.

En tanto, Camila Cortínez, directora de Te Protejo, ONG que promueve el uso de maquillaje no testeado en animales, afirma que “existen muchos métodos de reemplazo, en aplicación, en proceso de validación y otros en desarrollo. Actualmente se están utilizando pruebas in vitro, cultivos celulares, bacterias, hongos, estudios epidemiológicos, ensayos clínicos, tecnología de imágenes, modelos informáticos, autopsias o recopilación de información ya conocida”.

No obstante, en el ISP aclaran que estas prácticas también “permiten proponer modelos de toxicidad y evaluar efectos secundarios de medicamentos, tóxicos ambientales, vacunas. Por tanto, son un medio efectivo para la vigilancia de numerosas enfermedades”.

Proyecto de ley

A principios de 2016 ingresó un proyecto de ley que busca prohibir la experimentación e importación de productos cosméticos que fueron probados en animales. Para esto, el proyecto busca una modificación en el Código Sanitario, específicamente en el acápite de experimentación con animales.

Karla Rubilar, diputada independiente, aseguró que estas acciones “no tienen sentido. Por eso hace tanto tiempo la Unión Europea y países desarrollados, como Canadá, las prohibieron. Es hora de que Chile se ponga a tono con esta materia. Estamos muy atrasados”, señaló.

Respecto de la importancia del proyecto, Rubilar manifestó que “nos hubiera gustado que esto naciera por parte del Ejecutivo, como un mensaje presidencial, pero entendemos que no está en sus prioridades”.

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