La reconstrucción del caso que impacta a México

Casi a un mes de la muerte de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de Pedagogía en el estado mexicano de Guerrero, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, tras 17 días de investigaciones, 53 detenciones, entregó un detallado relato de lo ocurrido el 26 de septiembre en la localidad de Iguala. Todo eso basado en el testimonio de testigos y de los detenidos, entre los que hay funcionarios municipales, policías y narcotraficantes. Eso sí, no se ha aclarado aún lo más importante: cuál es el destino de los 43 desaparecidos. De hecho, durante la búsqueda han sido encontradas nueve fosas, con un total de 30 cadáveres que, aparentemente, no tendrían relación con estos hechos. Esta es la reconstrucción de lo sucedido, según lo informado por Karam.

PRESENCIA NARCO

Los narcotraficantes de los Guerreros Unidos, uno de los cuatro grupos en los que se dividió el Cartel de los Beltrán Leyva, tras la muerte de su líder en 2009, habían tejido una red de complicidades con varias alcaldías del estado de Guerrero, como Iguala, Cocula e Ixtapan de la Sal, en una sociedad que involucraba tanto a funcionarios de la administración como a policías locales. Así, el grupo criminal, liderado por Sidronio Casarrubias Salgado, le entregaba al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, regularmente sumas que van desde los US$ 148.000 a los US$ 222.000, con lo cual se le pagaba a la policial local. Incluso, los delincuentes decidían las nuevas incorporaciones a la policía. La esposa del alcalde Abarca, María de los Angeles Pineda, era la principal operadora de las actividades delictivas de este municipio.

TEMOR DEL ALCALDE

El 26 de septiembre, al conocer que los estudiantes estaban movilizándose, el alcalde y su esposa temían que se produjesen incidentes durante la presentación de un informe de actividades de María de los Angeles Pineda, responsable del organismo de defensa de la familia en la ciudad. Querían evitar a toda costa una repetición de los hechos de junio de 2013, cuando la alcaldía fue agredida durante un enfrentamiento entre personas afines a Abarca y un grupo de manifestantes, entre los que se encontraban estudiantes de la escuela magisterial de Ayotzinapa. Por este motivo, el alcalde y Pineda ordenaron a la policía que reaccionara para evitar una eventual protesta. Incluso, le ordenó que pidiera refuerzos a la policía de la vecina Cocula.

TIROTEO Y DETENCIÓN

Alrededor de las 18 horas, los estudiantes abordaron dos microbuses en Ayotzinapa. Tres horas después llegaron a Iguala y se hicieron con dos vehículos adicionales. Fue en ese momento que los "halcones", los jóvenes que hacen tareas de vigilancia para los Guerreros Unidos, informaron de lo que estaba ocurriendo a la jefatura de la policía municipal. Así, los agentes actuaron, tal como les había pedido Abarca. Bloquearon la carretera y, tras un tiroteo que dejó seis muertos, y el intento de uno de los microbuses de huir del lugar, 43 estudiantes fueron detenidos e ingresados a la Central de Policía de Iguala.

TRASLADO Y DESAPARICIÓN

Desde ese recinto, a los estudiantes se los llevó la policía municipal de Cocula, también bajo las órdenes y el control del grupo de los Guerreros Unidos. Sin embargo, los agentes tomaron un camino no pavimentado hacia una zona conocida como Pueblo Viejo, donde entregaron a los 43 estudiantes a miembros de los Guerreros Unidos. Es a partir de ese momento que se les pierde la pista y no se ha logrado aclarar qué fue de ellos. Sidronio Casarrubias, detenido desde la semana pasada, declaró que no hizo nada por evitar la desaparición de los estudiantes, porque creyó que se trataba de un grupo de narcotraficantes rivales.