Las principales medidas del informe anticorrupción que presentó Bachelet

Autor: La Tercera

En 217 páginas el consejo anticorrupción no sólo pone acento en el financiamiento de la política, también fija el foco en vacíos en torno a municipios, compras públicas y el mundo privado.

Cinco capítulos con propuestas contiene el informe del consejo asesor presidencial Anticorrupción que encabezó el economista Eduardo Engel.

El informe, en sus 217 páginas, plantea medidas sobre la prevención de la corrupción (Capítulo I), la regulación de los conflictos de interés (II), el financiamiento de la política para fortalecer la democracia (III), la confianza en los mercados (IV) y la integridad, ética y derechos ciudadanos (V). En total son 234 propuestas para mejorar la probidad, la transparencia y combatir la corrupción en todo el aparato público.

Algunas sugerencias son ideas que hace meses se vienen barajando en el Congreso y en el gobierno, como prohibir los aportes de empresas a campañas políticas, reducir el gasto electoral o la pérdida del cargo de la autoridad que infringió la normativa electoral.

Sin embargo, también hay medidas nuevas, incluso osadas para el mundo político, como reinscribir a militantes de partidos, restringir por un año que ex ministros u otras autoridades sean contratados en el sector privado en aquellas áreas que regulaban o fiscalizaban y limitar a los alcaldes a una reelección.

Si bien el consejo mantiene el foco en el financiamiento de la política, también pone el acento en áreas poco fiscalizadas y de las que no se debate mucho, como los municipios, las compras públicas, el mercado y los gobiernos corporativos.

Puerta giratoria: Limitar paso del sector público al privado

En el informe de la comisión asesora presidencial anticorrupción -que lideró el economista Eduardo Engel- se proponen fuertes restricciones para las principales autoridades públicas. Entre otras cosas, se plantea que ministros y subsecretarios, además de toda autoridad de una institución fiscalizadora, no podrán trabajar, entregar servicios o establecer vínculos comerciales por un plazo de un año -desde el cese de sus funciones en el Estado- con organizaciones privadas que hayan estado bajo el área de su supervisión.

Campañas: Restringir postulación de familiares

Otra medida apunta a que cualquier persona que haya sido condenada por un crimen o delito simple deberá quedar inhabilitada para postular a un cargo de elección popular por un plazo mínimo de diez años. Asimismo, en el informe Engel se propone prohibir la postulación a un cargo en el mismo distrito, circunscripción o comuna en la que ejerza un cargo un cónyuge, conviviente o pariente de la persona que pretende competir, hasta el segundo grado por consanguinidad o segundo grado por afinidad.

Conflictos de interés: Declaraciones de patrimonio e intereses

Entre las propuestas referidas a las autoridades públicas se plantea elevar las multas para quienes incumplan las restricciones y normativas dispuestas en la ley. Esto, incorporando una “agravante penal” en las eventuales sanciones. Esta última disposición está contemplada para los casos en que, por ejemplo, un funcionario público falsee su declaración de patrimonio y/o intereses, o que omita información relevante. Además, se pide establecer la obligatoriedad de estas declaraciones para alcaldes, concejales y  jefes de unidades clave del sector público.

Cargos públicos: Perfeccionar  Alta Dirección Pública 

En materia de prevención de la corrupción, el consejo asesor destaca fortalecer la probidad al interior de los municipios y reformar el sistema de Alta Dirección Pública (para definir jefaturas en las administración del Estado) Para ello, enumera algunas sugerencias: mecanismo de búsqueda y selección de “los cargos más altos” de las instituciones públicas, partiendo por las jefaturas de servicios hacia cargos de menor rango. Junto a ello, añade un criterio para los profesionales: “Idoneidad, trayectoria profesional y que valoren el servicio público”. 

Militantes: Actualización del padrón de los partidos

En uno de sus apartados, aparece la reinscripción de los militantes de todos los partidos del sistema político. El objetivo: “asegurar padrones confiables”, dice el escrito. Esto será “condición básica” para que las colectividades accedan a financiamiento público. Junto con agregar que esto se deberá llevar a cabo en un “plazo razonable” sin  precisar su tiempo, la actualización de la plantilla de militantes deberá ser llevada a cabo con colaboración del Servel. Por último, además, se sugiere “revisar el actual sistema de inscripción”. 

Alcaldes y concejales: Límite a reelección de autoridades

El informe plantea limitar la permanencia de las autoridades de elección popular en sus cargos.  El documento fija un máximo de dos reelecciones para diputados y una reelección para senadores. Y para el caso de la representación municipal, los alcaldes y concejales poseerán la limitación de postular a una sola reelección, completando máximo dos períodos. En la propuesta se explica que la intención es evitar “vicios de un sistema que perpetúa cargos”. Esto, en realción a que la actual legislación no fija límites de reelección para estos cargos.

Financiamiento privado: Prohibir aportes de empresas a campañas

En financiamiento de campañas se busca mantener el actual sistema mixto de financiamiento, apuntando a un mejor equilibrio entre los aportes privados y fiscales, y fortaleciendo fuertemente la fiscalización. No obstante, el informe recoge un asunto que ya es casi de consenso: prohibir los aportes de empresas y organizaciones no gubernamentales (personas jurídicas) a campañas políticas. En compensación propone aumentar el financiamiento estatal a los partidos políticos y a candidaturas, de la mano de más transparencia en el uso de dichos fondos.

Destitución: Pérdida del cargo para parlamentarios

El documento establece la sanción de mayor dureza para los legisladores que infrinjan la normativa: la pérdida del escaño. Lo propone para normar conflictos de intereses, por el uso indebido de recursos públicos y el financiamiento irregular de campañas. En este sentido, el castigo apunta a legisladores que “promuevan o voten asuntos en el Congreso que interesen directa o personalmente a ellos o a sus parientes…, así como también por el uso indebido de asignaciones parlamentarias o por utilizar formas de financiamiento electoral ilegal”.

Conducta parlamentaria: Comisiones de Ética del Congreso

Incorporar a las comisiones de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados y el Senado a personas independientes, que tengan conocimiento sobre temas de “integridad”, y que no hayan sido parlamentarios. “Estas personas pueden ser seleccionadas por el Sistema de Alta Dirección Pública y la aprobación de la mayoría de los parlamentarios en ejercicio de cada cámara, previa audiencia pública”, se lee en el texto. La idea es que estas instancias disciplinarias del Congreso tengan más autonomía para resolver asuntos que atañen a legisladores.

Mercados: Delación compensada y  fiscalización

En materia de mercado, el consejo plantea potenciar las denuncias de ilícitos, fortaleciendo la delación compensada y los programas de protección a informantes. Además, sugiere eliminar los plazos de caducidad para investigar conductas ilícitas por parte de organismos reguladores, junto con “adecuar penas, tipificación y prescripciones de los delitos de corrupción de acuerdo a los estándares internacionales” y crear una fiscalía de alta complejidad. Asimismo, dotar a las autoridades fiscalizadoras de mayores facultades intrusivas.

Empresas: Fortalecer los gobiernos corporativos

Entre las medidas dirigidas a las empresas, la comisión apunta a aumentar la eficacia en los directorios para evitar abusos a accionistas minoritarios y mejorar los mecanismos de autorregulación. Entre otros planteamientos, está prohibir que empresas que compiten tengan directores comunes, y revisar el rol de las asociaciones de empresas como eventuales facilitadores de la colusión. También se propone fijar criterios para transacciones que no son habituales dentro del giro de la empresa, como donaciones que gocen de beneficios tributarios.

Superintendencias: Reestructurar órganos fiscalizadores

El consejo plantea la opción de convertir a las Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), y de Valores y Seguros (SVS) en agencias gobernadas por consejos o comisiones colegiadas. En esa línea, también agrega que podría revisarse el caso del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Servicio de Impuestos Internos (SII). Para estos consejos se propone un gobierno de cinco miembros, renovables por una vez. Los cargos de consejeros y de fiscal de estas instituciones, según el consejo, serían de dedicación exclusiva.

Chilecompra: Sistema de compras públicas

En parte del capítulo “Prevención de la Corrupción” se expone convertir a ChileCompra en el “órgano rector de un sistema integrado de compras públicas”. La idea -se lee en el texto- es que se establezcan funciones de coordinación, supervisión y apoyo del sistema. El consejo asesor apunta a un perfeccionamiento integral del sistema de compras públicas, aumentando la fiscalización, restricciones y sanciones en casos de incumplimientos. Así, también se sugiere “revisar el proceso sancionatorio de concejales y alcaldes frente a irregularidades”.

Defensa: Derogar Ley Reservada del Cobre

Derogar la Ley Reservada del Cobre y establecer mayores controles a los gastos en Defensa es otra de las sugerencias del consejo. Así, se propone otorgar más facultades al Congreso para controlar la eficiencia y transparencia de las compras en esa área, limitando los gastos que estén fuera de lo contemplado en el presupuesto. “Se sugiere preservar la confidencialidad de los gastos sólo en casos específicos, predefinidos en base a criterios conocidos y formulados con la participación de expertos independientes”, manifiestan los consejeros.

Alianza público-privado: Regular contratos de concesiones

El documento hace un crítico diagnóstico de la Ley de Concesiones, modificada en 2010, señalando que “persisten espacios de opacidad y conflicto de interés respecto de las renegociaciones de contratos”. Por eso se establece que, en caso de renegociación contractual, las modificaciones sean publicadas en internet en un “plazo breve”. También propone fortalecer la unidad de planificación de proyectos del MOP y que un panel de expertos supervise los “cuantiosos subsidios” del Estado para proyectos públicos-privados.

Candidaturas: Campañas  centradas en el debate de ideas

El consejo propone incentivos que las campañas estén centradas en las ideas. Para esto, una de las medidas es establecer un periodo de “pre-campaña”, además de una franja radial gratuita para propaganda electoral, cuyo tiempo se distribuya de la misma forma que la franja televisiva. También plantea la obligación de que las candidaturas patrocinadas por partidos políticos consignen los logos de sus partidos en forma clara y visible, y asegurar que durante los días de elección exista transporte público local gratuito para todos los electores.

Periodo electoral: Disminuir gastos de campañas

Reducción significativa de los límites de gasto total permitidos para campañas políticas en todo tipo de elecciones, y la prohibición de utilizar elementos como monumentales y palomas durante las campañas, son parte del texto. Además, se propone ampliar la figura de cohecho para incluir una serie de prácticas irregulares que pueden darse en torno a las campañas como, por ejemplo, la entrega de dinero o regalos por parte de candidatos o partidos a personas o grupos, además de fortalecer las atribuciones del Servel para fiscalizar.

Ombudsman: Creación del defensor ciudadano

El informe impulsa la creación del defensor de la ciudadanía del tipo “ombudsman”. “La función de la Defensoría Ciudadana se ejercería a modo de una magistratura de opinión y persuasión, en pos de garantizar y proteger los derechos de la ciudadanía respecto de actos, hechos, omisiones, vulneraciones y comportamientos de la administración del Estado”. La idea, dice el consejo en su texto, es que esta nueva institución determine la existencia de abusos, arbitrariedades, irregularidades, violaciones de derechos, discriminaciones, etc.

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