Valdés por demanda da la PUC: "Judicializar temas presupuestarios es de máxima gravedad"

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En tanto, vocera de gobierno señaló que el AFI ha demostrado afectar la equidad del acceso a la educación.




Luego de que el rector de la UC, Ignacio Sánchez, anunciara la demanda civil contra el Estado por la eliminación del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se refirió al tema con preocupación: "Judicializar temas presupuestarios es de la máxima gravedad para un país", señaló el secretario de Estado.

Pese a ello, reconoció que "evidentemente cualquier chileno o chilena, persona o institución, tiene derecho a recurrir a los tribunales como estimen conveniente".

La ministra vocera de gobierno, Paula Narváez, también se refirió al tema y explicó que el aporte indirecto se decidió eliminar porque afecta la equidad en el sistema: "Es un mecanismo que ya ha demostrado tener algunas falencias para la construcción de mayor equidad en el acceso a la educación superior", argumentó la secretaria de Estado.

Narváez agregó que "el Ministerio de Educación ha desarrollado una serie de alternativas al AFI, que está comunicando a las distintas instituciones de educación superior".

Respecto de los dichos del ministro Valdés, el rector Sánchez dijo estar en desacuerdo. "Yo creo que la máxima gravedad es saltarse una línea en la glosa presupuestaria. Esa sería mi respuesta al ministro", subrayó la máxima autoridad del plantel privado.

En tanto, el rector Sánchez aseguró que se intentó advertir al gobierno este problema. "Desde que hace tres meses se presentó este problema hemos estado en conversaciones con las autoridades del ministerio y hemos llevado el caso al Consejo de Rectores", señaló.

Respecto de si piden compensación monetaria en la demanda, el director jurídico de la UC, Juan Esteban Montero, explicó que "en este momento no está solicitado en el proceso. Lo único que estamos pidiendo es que los tribunales de justicia declaren si se ha incumplido o no la ley por parte del Estado de Chile".

Tras la presentación de la acción judicial, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) debe ser notificado.

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