Graves acusaciones en municipalidad de Vitacura

Nuevamente el ámbito municipal sorprende por situaciones anómalas. Esta vez se trata de la municipalidad de Vitacura que, tras una querella presentada por la actual autoridad comunal, es objeto de una investigación por parte del Ministerio Público por hechos que afectarían al anterior alcalde -sobre quien pesa la acusación de presunta malversación de fondos públicos- y las relaciones con quienes dirigían una serie de organizaciones funcionales que prestan servicios a los vecinos y que recibían subvenciones municipales para ello. Es lamentable que las entidades a las que corresponde la administración de sus respectivas comunas para satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de ellas se vean envueltas en situaciones que generan graves cuestionamientos y desconfianza sobre el correcto manejo de los recursos, por lo que cabe esperar que la justicia logre despejar cuanto antes la veracidad de las acusaciones que pesan en este caso y persiga a fondo las responsabilidades que corresponda.

El ámbito municipal ha estado bajo fuerte cuestionamiento, a propósito de una serie de casos de irregularidades o corrupción que han sido destapados. Ya en el 2015 el informe del Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción daba cuenta de que los municipios presentaban factores de riesgo en estas materias, para lo cual se formularon propuestas para un mejor control y fiscalización; sin embargo, las situaciones se repiten, y aun cuando los municipios han avanzado en materia de transparencia, las corporaciones aún quedan fuera del escrutinio público y de la Contraloría.

A la luz de los casos conocidos, es indispensable no solo exigir un rol más activo por parte de los concejos municipales en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras -claramente establecidas en la Ley orgánica Constitucional de Municipalidades, y que comprenden tanto las inversiones, gastos, actuaciones de quien encabeza la municipalidad, departamentos y corporaciones, a las que se pueden solicitar informes- como también avanzar en exigir mayor transparencia en este ámbito.

Con todo, el caso de Vitacura da pie para que en el mediano plazo se emprenda una revisión global del modelo de gestión municipal. Si bien esta vez se han visto involucradas organizaciones funcionales, desde hace largo tiempo se han venido formulando cuestionamientos a otro de los modelos que permite la ley, las corporaciones municipales, entre otras razones por la discrecional contratación de personal que permite su estructura. No resulta razonable que las instancias que definen el contacto más inmediato del ciudadano con el Estado queden fuera del ámbito de los organismos fiscalizadores, y los estándares de transparencia disten de ser los adecuados.